EE UU suspende la ayuda militar a 50 países que no garantizan su inmunidad
La Corte Penal Internacional cumple un año lastrada por la posición de Washington
La Casa Blanca cumplió ayer su amenaza y suspendió formalmente todas las ayudas militares a los países que no garantizan por escrito la inmunidad de los estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI). Cincuenta países ven canceladas temporalmente las ayudas que reciben de EE UU. Entre los afectados está Colombia, uno de los mayores receptores de fondos estadounidenses, y seis países que aspiran a formar parte de la OTAN. Bush sólo aceptó 16 excepciones. Ayer se cumplía un año de la entrada en vigor de la Corte.
Bill Clinton firmó el último día de su Gobierno los acuerdos que establecían la creación de la Corte Penal. Cuando George W. Bush tomó posesión de su cargo en la Casa Blanca en 2001, invalidó la firma de ese tratado y buscó una garantía de inmunidad ante la Corte no sólo para los soldados estadounidenses, sino para todos los ciudadanos de su país. Bush considera que la Corte puede ser una herramienta de persecución política frívola contra soldados o civiles estadounidenses. Los grupos de defensa de los derechos humanos creen que la inmunidad sólo sirve para formalizar la existencia de una herramienta de chantaje contra países pequeños. Bush tampoco quiere comprometerse a entregar a la Corte a ciudadanos extranjeros acusados de crímenes de guerra. Con la oposición de la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU sólo aceptó una cláusula de inmunidad por un año, que hace sólo tres semanas se amplió por un segundo año.
Mientras tanto, el Gobierno de EE UU ha buscado acuerdos de inmunidad con cada Gobierno para forzar la firma del llamado artículo 98, con sólo unas pocas excepciones: el Congreso permite que ni los miembros de la OTAN ni los aliados estratégicos tengan que rebajarse a firmar ese acuerdo bilateral con Washington. En esa lista de aliados figuran Israel, Australia, Egipto, Corea del Sur, Japón, Jordania, Argentina, Bahrein y Filipinas.
Fuera de ese círculo de excepciones, cualquier país que se negara a firmar el acuerdo de inmunidad se arriesgaba a perder las ayudas militares de EE UU. Y así ha sido: 50 países se han quedado sin fondos estadounidenses para la cooperación militar.
A pesar de que Bush podía sumar nuevas excepciones por razones de seguridad nacional, Colombia no ha recibido ese privilegio: el Gobierno de Bogotá, el tercer receptor de ayuda militar estadounidense después de Israel y Egipto y un aliado de interés excepcional en la lucha contra la droga, ve peligrar los más de 2.000 millones de dólares de ayuda establecidos en el Plan Colombia. En cambio, entre las 16 excepciones figuran Afganistán, Panamá, Nigeria, la República del Congo y Uganda.
También pierden las ayudas seis países que están a las puertas de la OTAN: Letonia, Lituania, Eslovenia, Estonia, Eslovaquia y Bulgaria. En la lista de los 50 castigados figuran desde Andorra hasta Suiza, Suecia, Irlanda o Uruguay. En muchos de los casos las ayudas son simbólicas.
Fuentes del Departamento de Estado norteamericano aseguran que la suspensión tiene efectos limitados en el terreno práctico, porque no afecta a partidas ya aprobadas, sino a ayudas futuras, que volverán a ser reinstauradas en cuanto los Gobiernos accedan a firmar los acuerdos de inmunidad. EE UU asegura que 50 Gobiernos han firmado ya ese acuerdo, siete de ellos en secreto. Los últimos en hacerlo han sido Gabón, Gambia, Mongolia, Senegal, Sierra Leona y Tayikistán.
La CPI es la primera corte permanente que investigará y llevará ante la justicia a los individuos, no a los Estados, responsables de cometer las violaciones más graves contra los derechos humanos como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, y, una vez que sea definida, la agresión.
Carece de retroactividad
La Corte Penal Internacional no será retroactiva, aplicándose sólo a aquellos crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. "Desde que hace un año entrara en vigor el Estatuto, se han elegido y constituido todos los órganos que constituyen la Corte", explicó ayer Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, el jefe de la delegación española ante las negociaciones de la Corte Penal Internacional. "El mero hecho de que exista la Corte ya es un avance", enfatizó Yáñez-Barnuevo. "Es esperanzador que casi la mitad de la comunidad internacional [90 países, sobre un total de 226] haya ratificado el Estatuto de Roma", prosiguió el diplomático español. Aun así, según su opinión, estará por ver el grado de "efectividad real".
En círculos de la Corte Penal en La Haya se especula con que existen varios centenares de "comunicaciones" de ciudadanos exponiendo casos que creen dignos de investigación por parte de la Corte. Estas "comunicaciones" pueden ser desde una carta a un amplio documento a "alguien que se queja de algo". "Hemos de recordar que no todas las violaciones de derechos humanos son suceptibles de ser juzgadas por la Corte, tan sólo los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y los crímenes de guerra", aclaró Yáñez-Barnuevo.
