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La prueba de ADN confirma la identidad de un desaparecido de la Guerra Civil

El republicano Emilio Silva Faba fue asesinado en 1936 y enterrado en una cuneta del Bierzo

El Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, dirigido por el profesor José Antonio Lorente, confirmó ayer, a través de la prueba del ADN, que los restos encontrados en una fosa común de la Guerra Civil el 28 de octubre de 2000 son de Emilio Silva Faba. Éste se convierte así en el primer cadáver de la Guerra Civil exhumado cuya identidad queda confirmada por esta prueba a pesar de que han transcurrido 67 años desde su asesinato y entierro en una cuneta. Emilio Silva era el abuelo del fundador de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que en menos de tres años ha desenterrado, sin apenas ayuda de nadie, más de 100 cuerpos.

La identificación definitiva cierra un larguísimo ciclo que comenzó el 16 de octubre de 1936. Emilio Silva Faba, que entonces tenía 44 años y seis hijos, miembro de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, llevaba unos días detenido en el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. En uno de los habituales paseos nocturnos para vaciar las repletas cárceles improvisadas, los falangistas sacaron a 15 personas, entre ellas Silva. Los asesinaron a casi todos en una cuneta cercana a Priaranza del Bierzo.

Sólo uno logró escapar. Cuando se recuperó del terror, contó la historia. Como otras miles, pasó al silencio, pero no al olvido. La mujer de Silva sabía todo. Pero nunca contó nada a ninguno de sus seis hijos, que aún viven. El mayor, Emilio, que ahora tiene 74 años, cuenta: "Se llevó el secreto a la tumba -murió hace cinco años- porque quería protegernos. Aun con la democracia tenía miedo de que quienes mataron a mi padre fueran a por nosotros".

La historia del abuelo fusilado se convirtió en un mito familiar. Hasta que el nieto mayor, otro Emilio, supo que su abuela había comprado un panteón familiar y le había puesto el nombre de su marido a un nicho por si alguna vez aparecía. Silva sintió que tenía que encontrarlo. Preguntó y, casi por casualidad, dio con alguien que sabía dónde estaba la fosa. Bajo un nogal, sin que nadie la velara, aunque casi todos en el pueblo sabían por qué estaba un poco recrecida esa tierra. El miedo seguía allí, y los niños pasaban corriendo cuando se acercaban a la zona.

Silva se empeñó en abrir esa fosa. Y lo acabó logrando pese a la poca ayuda que le ofreció la Administración. Contó para ello con otras familias y voluntarios. El 28 de octubre del 2000, gracias a la ayuda del arqueólogo Julio Vidal y las indicaciones de Francisco Cubero, un hombre de 85 años, que había sido obligado en 1936 a enterrar los cuerpos, Priaranza se convirtió en el primer pueblo de España donde, tras la recuperación de la democracia, se abría la tierra para sacar a los muertos republicanos de las cunetas y llevarlos a los cementerios. El doctor Lorente se ofreció entonces a confirmar que el cadáver número dos era el del abuelo de Silva a través de un complejo y costoso test de ADN que se ha usado para identificar restos de la represión en otras dictaduras, como la argentina.

Pero la familia ya sabía que era él. Por la estatura, las dimensiones de su mandíbula, y porque le faltaba un diente allí donde la leyenda familiar contaba que tenía una funda que le colocaron en Nueva York en sus tiempos de emigrante. Para el test hubo que recurrir a una pariente argentina, porque el ADN mitocondrial sólo se transmite por vía materna, y sólo allí había ese tipo de herencia.

Todos los hijos de Silva menos una pasan de los 70. Ahora se reunirán para enterrar a su padre junto a su madre, Modesta Santín, una vez confirmada su identidad. Su hijo mayor cree que, aunque la madre nunca contara lo que sabía, estaría "orgullosa y feliz" de ver a su familia unida devolviendo los restos del padre a su lugar natural.

Sin embargo la batalla, insiste Silva nieto, no ha hecho más que empezar: "Sólo se cierra un ciclo personal, se abre el colectivo". Porque al abrir la fosa de su abuelo, este periodista que ahora vive en Madrid se dio cuenta de que había miles de casos similares en toda España. Fundó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ya ha abierto 40 fosas y está identificando 106 cadáveres para devolverlos a sus familias. Y armó tanto escándalo que contribuyó a que el Congreso, por primera vez, condenara de forma unánime la represión franquista y se comprometiera a ayudar a las familias a desenterrar cadáveres.

Seis meses se cumplen hoy de esa resolución, y Silva se queja de que casi nadie les ofrece fondos, que siguen desenterrando cadáveres gracias a la voluntad de las familias. No hay ni siquiera un departamento de la Administración dedicado a ello, por lo que todo se deja en manos de las ganas de colaborar de los alcaldes, que no siempre están por la labor. Quedan unos 30.000 cuerpos por recuperar en las cunetas, así que el camino será largo.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de mayo de 2003