Pekín corta las alas a Hong Kong

El Gobierno de Hong Kong ha despertado fantasmas dormidos en la población de la ex colonia británica. Durante los meses que precedieron a la devolución del territorio a China, el 1 de julio de 1997, seis de cada 10 habitantes de Hong Kong ya se declaraban temerosos de perder las libertades heredadas de la potencia colonial. No estaban seguros de cómo funcionaría la fórmula un país, dos sistemas que habían acordado en 1984 para el territorio Londres y Pekín. Al poco tiempo de la integración en China, esos recelos pasaron a ser asunto de una exigua minoría. Pero todo comenzó a cambiar el pasado septiembre, cuando las autoridades desvelaron parte de un proyecto de ley antisubversión que pretenden promulgar el año próximo. La legislación permitirá condenar a cadena perpetua a quienes sean encontrados culpables de traición, sedición, secesión o subversión. Amplios sectores de la población temen que sea la excusa para suprimir las libertades de las que disfruta la ex colonia.

El Gobierno local se defiende y dice que la normativa tiene el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, pero en las últimas semanas las protestas y manifestaciones han aumentado, produciendo una escisión. "Las encuestas muestran que entre el 40% y el 60% de la población está preocupado porque considera que la ley afectará a su libertad, mientras que un 20% o un 30% no está inquieto y apoya un proceso rápido", explica Ma Ngok, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. "Pero las discusiones se están haciendo cada vez más emocionales, y si esto no se resuelve bien, puede conducir a una confrontación dentro de la sociedad. El Gobierno no debería precipitarse", añade.

Hablar de Tiananmen

El documento, que fue presentado parcialmente a consulta pública en septiembre, pretende proteger la "soberanía, integridad territorial, unidad y seguridad nacional" de China y Hong Kong. Pero académicos, artistas, profesores y periodistas han manifestado su total oposición a un proyecto que, dicen, que pondrá cerco a la libertad de prensa y de opinión. "¿Podremos a partir de ahora hablar en clase de cuestiones sensibles como la masacre de Tiananmen?", se preguntan algunos profesores.

El rechazo ha llegado también de un sector del mundo de los negocios, que considera que la ley puede afectar a la imagen de la ex colonia, que atraviesa momentos de dificultad económica y ve cómo algunas empresas han optado recientemente por instalarse en la pujante Shanghai.

La Asociación de abogados ha advertido contra algunas disposiciones, como la que obliga a los ciudadanos a informar en caso de que conozcan a alguien que haya cometido traición. Y al igual que el Bank of East Asia y otros bancos de Europa y Estados Unidos, ha pedido al Gobierno que revele el contenido de la propuesta en su totalidad. "No basta con que Tung Chee-hwa diga confiad en mí", ha afirmado David Li Wkok-po, presidente del Bank of East Asia.

Las inquietudes han llegado también de Gobiernos extranjeros. EE UU y Reino Unido han advertido contra la limitación de libertades civiles en la ex colonia. También lo han hecho la Asociación Mundial de Periódicos, disidentes chinos o movimientos de derechos humanos, como el estadounidense Human Rights in China (HRIC). "Lo que más nos preocupa es la falta de una definición clara de los tipos de organizaciones que serán proscritas", dice Xiao Qiang, director ejecutivo de HRIC. Existe el temor de que la ley sea utilizada para perseguir a los disidentes y acabar con grupos prohibidos en el continente, como el movimiento de inspiración budista Falun Gong. También se han opuesto organizaciones católicas.

El Gobierno local insiste en que "la forma de vida, los derechos y las libertades, incluida la de prensa, no se verán afectados", pero se resiste a publicar entero el borrador.

La Ley Básica (la miniconstitución que ha gobernado el territorio desde 1997) exige que se promulgue una ley antisubversión. Entre los grupos a su favor figuran organizaciones pro chinas, cámaras de comercio y partidos políticos. El Gobierno pretende presentar la normativa al legislativo en febrero y promulgarla en julio de 2003.

"Mucha gente esperaba que Hong Kong ejercería gradualmente una influencia liberalizadora sobre la sociedad china. Pero ahora tememos que esta ley extienda el sistema cerrado y autoritario de China a Hong Kong", dice Xiao Qiang. La solución pasa, según sus detractores, al menos por revelar el contenido completo y ampliar el periodo de consultas, que finaliza el día de Nochebuena. "Para cumplir los requisitos de la Ley Básica y no dividir más a la población, la ley debería cubrir un área muy limitada de actividades políticas y ser muy indulgente", dice Kin-man Chan, profesor de la Universidad China de Hong Kong. "Si el Gobierno no es valiente e inteligente para rebajar la propuesta y ampliar las consultas, este asunto hará surgir más conflictos en la comunidad o desmoralizará aún más a los ya alienados ciudadanos de Hong Kong".