'Tolerancia cero' contra la violencia doméstica

El Parlamento acordó ayer la "tolerancia cero" para combatir la violencia doméstica. Tras dos años de trabajo, todos los grupos aprobaron por asentimiento en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer un duro informe en el que se considera este fenómeno como "un atentado contra la paz y la democracia".

Entre las medidas propuestas -que implican reformas legislativas, policiales, educativas, sanitarias y sociales- figura la tipificación como delito de la apología de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, incluida la audiovisual. Además, piden que los jueces que instruyen separaciones puedan ordenar detenciones, que los denunciados sean examinados inmediatamente por psiquiatras o que se supriman las faltas en el ámbito familiar y se tipifiquen como delito (penado de seis meses a tres años).

La comisión quiere crear el delito de apología de violencia contra la mujer e imponer un código ético a los medios

La comisión recoge en sus conclusiones las aportaciones de 72 comparecientes

Piden que no se muestre a la mujer como víctima en las campañas de publicidad

Los denunciados perderán su licencia de armas y serán examinados inmediatamente por psiquiatras

Los jueces que tramitan las separaciones podrán detener a sospechosos y se limitará la patria potestad de los acusados

El acuerdo recomienda dar preferencia a las maltratadas para obtener pisos públicos, empleo y cursos de formación

El Informe sobre la erradicación de la violencia doméstica recoge las aportaciones de 72 comparecientes de todos los ámbitos: Administración central, comunidades autónomas, organizaciones no gubernamentales y expertos.

El trabajo será remitido al Congreso como documento base para la subcomisión de la Cámara Baja que debe presentar el próximo marzo una batería de medidas legislativas para erradicar la violencia doméstica. Éstas son algunas de las recomendaciones parlamentarias:

- Modificaciones legislativas. El texto pide que el Código Penal ampare como víctimas a otros integrantes de la familia como hermanos y abuelos. También solicita que el delito de violencia psíquica comprenda "trato degradante, amenazas e injurias, insultos, privaciones de libertad, humillaciones, vejaciones, daño de autoestima, temor fundado...". En la protección de los hijos, exige que se endurezca el régimen de visitas, la patria potestad y el pago de pensiones alimenticias. "Ante el derecho del padre a ver a su hijo, debe tenerse en consideración que un padre maltratador nunca es un referente educacional para su hijo", señala.

- Procesos penales. Los parlamentarios recomiendan implantar los juicios rápidos con el fin de que se aceleren los procesos penales y se garantice la inmediatez entre la fase instructora y el enjuiciamiento. Insisten en que el Ministerio Fiscal persiga de oficio este tipo de delitos teniendo una intervención más activa. Apuestan por la realización preceptiva de dictámenes de los médicos forenses en todos los casos de agresión física o malos tratos, sobre todo en los daños psíquicos padecidos por la víctima y, asimismo, transmitir a los jueces instructores la necesidad de solicitar ese dictamen.

- Medidas cautelares. El informe solicita que se mejore la eficacia de la medida cautelar de alejamiento para una mejor protección de la víctima. También pide que cuando se produzca una denuncia por malos tratos, al agresor se le retire inmediatamente la licencia de armas y su porte y que sea citado en el juzgado para que, aparte de tomarle declaración, el médico forense valore la peligrosidad del agresor. Solicita que se agilice la inmediata separación del presunto agresor del domicilio familiar, incluso privándole de libertad en los casos de mayor riesgo.

- Coordinación civil y penal. Los parlamentarios piden que sea posible que el juez civil que instruya el proceso de separación, nulidad o divorcio pueda decretar, por la vía cautelar urgente, la detención y puesta a disposición de los juzgados de guardia de la persona que presuntamente hubiera participado en la comisión del delito.

- Protección de las víctimas. La comisión pide que se refuercen los turnos de oficio especializados en violencia doméstica. Propone que se amplíe a todos los delitos relacionados con la violencia doméstica la previsión de ayuda pública para gastos terapéuticos de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

- Cuerpos de seguridad. La Ponencia considera "fundamental" que los servicios de atención a la mujer cuenten con la presencia de, al menos, una mujer policía. Pide que se incluya la formación de género en la formación de estos profesionales. La policía deberá incluir en sus atestados antecedentes, denuncias anteriores, inspección ocular del lugar de los hechos y declaración de la víctima y de terceros.

- Atención sanitaria. El estudio recomienda un protocolo único que coordine los diagnósticos del personal médico de urgencia, de asistencia primaria y especialistas, personal de enfermería y trabajadores sociales. Insiste en adoptar medidas que garanticen ambientes confortables cuando las mujeres sean entrevistadas. Además, señala que se debe mejorar la formación de los profesionales sanitarios para la detección precoz del maltrato.

- Recursos sociales. El informe pide que las casas de acogida dispensen tratamientos integrales (asistencia psicológica, jurídica y de inserción sociolaboral). También solicita que se fomenten las medidas para el autoempleo y la contratación de víctimas de malos tratos mediante el reconocimiento de estas mujeres como colectivo beneficiario. Insta a que se garantice el derecho preferente de las víctimas para la adjudicación de viviendas de promoción pública y en los planes de empleo. Solicita que se establezcan mecanismos legales para que las empresas puedan trasladar de centro de trabajo a la víctima cuando fuera conveniente. Y pide que se extiendan los programas de rehabilitación a los maltratadores sin que, en ningún caso, puedan ser sustitutivos de la pena.

- Medios de comunicación. Los parlamentarios solicitan que no se muestre a la mujer como víctima en las campañas publicitarias y que se cree un observatorio de los medios de comunicación para canalizar las denuncias hacia los medios. También piden que se elabore un código ético para regular el tratamiento en los medios de la violencia domésticas y que sea de cumplimiento obligatorio. Además creen que sería necesario que se incorporase la perspectiva de género en la formación de los estudiantes de Ciencias de la Formación.

- Educación. El estudio recomienda que la educación de los alumnos contemple la transmisión de valores de tolerancia e igualdad de género. También insiste en que se profundice en este tema en la formación inicial y permanente de los docentes.