El Gobierno lleva a los tribunales a un ayuntamiento por incumplir la ley de Urdaibai

El Gobierno vasco ha decidido llevar a los tribunales por primera vez a un ayuntamiento al incumplir la ley de la reserva de Urdaibai. El afectado es el consistorio vizcaíno de Mendata y la razón, la concesión de una licencia de obras a un chalet sin el preceptivo informe del Patronato de Urdaibai. El Departamento de Medio Ambiente había anunciado que se 'llegará hasta el final' contra las edificaciones ilegales en Urdaibai, asunto por el que actualmente están abiertos otros ocho expedientes. Una vivienda adquirida por el ex lehendakari Ardanza está siendo también investigada.

La ley de la reserva de biosfera de Urdaibai, aprobada en 1989 y desarrollada en el llamado Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), es muy estricta sobre la construcción de viviendas. En los 230 kilómetros cuadrados de la reserva -desde el cabo de Matxitxako hasta el alto de Autzagane, con 22 municipios afectados- sólo se puede edificar en los núcleos urbanos, áreas consolidadas de varios caseríos o superficies muy concretas de más de 50.000 metros cuadrados vinculadas a una explotación agropecuaria. El interesado en construir un inmueble debe disponer, además de la licencia municipal, del informe favorable del Patronato de Urdaibai, el órgano de gestión de la reserva.

Entre 1990 y 2000, Medio Ambiente abrió siete expedientes por edificaciones que incumplían la normativa, pero sólo logró parar las obras de dos. El pasado año, incoó otros dos expedientes y los trabajos se paralizaron. Los cinco casos restantes son más complicados, pues contaron con permisos municipales pese a los informes desfavorables del Patronato de Urdaibai.

Para solventar estas situaciones, el Departamento de Medio Ambiente intentó plantear un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales. Pero, ante su sorpresa, los servicios jurídicos del Gobierno vasco rechazaron la presentación de la denuncia alegando, entre otras cuestiones, la falta de precedentes. Medio Ambiente anunció a finales del pasado año que no permitiría la existencia de edificaciones ilegales y que estudiaría cómo resolver la situación.

Se ha optado por analizar cada caso y finalmente se ha retomado la idea inicial de recurrir a los tribunales. El pasado martes, el Consejo de Gobierno acordó la interposición de un recuso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Mendata, donde se encontraba una de las edificaciones expedientadas. Se trata de un chalet que se ha construido 'a través de las ruinas de un caserío', según informó ayer el consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga. El consistorio otorgó una licencia sin siquiera 'solicitar el informe del Patronato', preceptivo para cualquier actuación urbanística en áreas no urbanas. Los responsables de Medio Ambiente han reconocido que las obras, pese a que el expediente se abrió hace más de dos años, están ya prácticamente ultimadas. 'Como tenía permiso municipal, ha seguido para adelante'.

Vía administrativa

El viceconsejero de Ordenación del Territorio, Abel Muniategi, anunció que los otros expedientes por edificaciones ilegales se encuentran en la vía administrativa, trámite 'que se tiene que agotar' antes de interponer una denuncia ante los tribunales, como ha sucedido con el Ayuntamiento de Mendata, regido por el PNV.

Las dos primeras edificaciones cuyas obras se pararon en 2000 -ubicadas en el barrio Islas del municipio de Arteaga y en el barrio Abaroa en la localidad de Sukarrieta- tienen ya una orden de demolición y unas multas de entre 16.000 y 22.000 euros. Pero los propietarios han recurrido a los tribunales, por lo que hasta dentro de varios años no habrá sentencia judicial.

Intxaurraga, que ayer estuvo en Gernika, no quiso comentar lo ocurrido con la vivienda que se está construyendo el ex lehendakari y presidente de Euskaltel, José Antonio Ardanza. La reforma del caserón, edificado en los sesenta, no ha cumplido el proyecto de obra y dos informes de los arquitectos de Arteaga -municipio en el que se ubica- y del Patronato de Urdaibai coinciden en la existencia de seis irregularidades, entre las que destaca la construcción de dos plantas que no están previstas en el proyecto, la superación en 1,20 metros de la altura autorizada y la habilitación de una piscina. 'No tenemos nada que informar. La decisión pertinente compete al Ayuntamiento [de Arteaga]', afirmó el consejero. La alcaldesa de esta localidad, la peneuvista Arantza Madariaga, ha considerado 'subsanables' los incumplimientos de la ley de Urdaibai en la vivienda de Ardanza.

Estos problemas urbanísticos han coincidido con la denuncia presentada ante la Fiscalía por la Diputación vizcaína contra el Ayuntamiento de Gatika. La institución foral, que ha adoptado esta medida por primera vez, cree que hay 'delitos urbanísticos' por conceder permisos de construcción en zonas verdes y áreas protegidas.