El Gobierno de Argentina anuncia el fin de las pensiones de privilegio
El ministro de Justicia empezó a cobrar la prestación a los 33 años
El Gobierno argentino anunció ayer la próxima derogación de las leyes que regulan las controvertidas jubilaciones de privilegio que benefician a 9.263 ex funcionarios con un coste anual para el Estado de 486,2 millones de pesos (223 millones de euros). Alfredo Atanasof, ministro de Trabajo, confirmó el inminente envío al Congreso del proyecto de ley que modificará los regímenes especiales.
La reforma, que no tendrá carácter retroactivo, introducirá un nuevo cálculo de los haberes jubilatorios según los años trabajados y las aportaciones realizadas, y fijará un tope de 3.100 pesos para las jubilaciones especiales del futuro.
Hay casos que hasta ahora han beneficiado a altos funcionarios del actual Gobierno, como el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, porque fue subsecretario del Interior en la época del general Lanusse, a principios de los años setenta. El ministro tiene simplemente suspendidos los haberes de una jubilación que empezó a percibir a los 33 años.
Será la octava vez que se intentan eliminar las jubilaciones de privilegio, uno de los aspectos más irritantes del desgobierno en las cuentas públicas. La justicia ha aducido sistemáticamente la doctrina de los derechos adquiridos como algo intocable.
El propio presidente, Eduardo Duhalde, ha reconocido que no es sencilla la derogación con efecto retroactivo y ha recordado que en su etapa de gobernador de la provincia de Buenos Aires la Corte Suprema rechazó un proyecto de ley para suprimir los regímenes especiales.
En pleno debate sobre las jubilaciones de privilegio, ha estallado el caso del juez Enrique Bacigalupo, afincado en España desde 1976 y actual miembro del Tribunal Supremo, que ha estado percibiendo haberes especiales desde 1987 por haber ocupado durante dos meses la Procuración General del Tesoro durante el Gobierno del peronista Héctor Campora. Tras el golpe militar de 1976, Bacigalupo se exilió en España, donde inició una brillante carrera judicial hasta llegar al más alto tribunal. A los 49 años de edad empezó a recibir una jubilación de privilegio de 3.500 pesos tal y como le permitía la ley.
La noticia ha provocado reacciones encontradas en Argentina. El abogado constitucionalista Daniel Sabsay calificó el caso de 'vergonzoso y paradigmático de lo que ocurre en Argentina', mientras que el ex diputado Ramón Torres Molina señaló que en Argentina hay problemas muchos más graves, como 'la deuda externa, la evasión impositiva o la falta de control aduanero'.
