Otra Europa es posible
No es casualidad que ante la celebración del Consejo Europeo de Barcelona se produzcan dos movimientos sociales de primera magnitud. La movilización de la Confederación Europea de Sindicatos, exigiendo más Europa y más social, y los actos del Foro Social de Barcelona, movimiento social alternativo, unitario y estable que quiere desempeñar un papel activo en las propuestas y las movilizaciones frente a la globalización ultraliberal.
Ambos movimientos responden a la necesidad de reconstruir formas que permitan a la sociedad organizada recuperar la iniciativa y conseguir así una incidencia en las relaciones económicas, acabando con la dictadura del mercado como valor absoluto. En este contexto, reforzar políticamente la UE y construir un modelo social europeo son dos objetivos que se expresan en los eslóganes: Más Europa y más social y Otra Europa es posible. Desde la óptica de Comisiones Obreras, esto significa conseguir que la Convención Europea no se limite a una mera reforma institucional, sino que suponga el reconocimiento de los derechos de ciudadanía europea. Derechos sociales y colectivos básicos de la Carta de Derechos Fundamentales. Una política de inmigración construida no sobre la nacionalidad, sino sobre la ciudadanía. Avanzar en esa línea de constitucionalización de la Unión Europea facilita un segundo objetivo, el de exigir un mayor gobierno económico de la UE. Con medidas como la aprobación de un marco regulador europeo de los procesos de reestructuración empresarial o una nueva directiva sobre derechos de información y participación de los trabajadores, entre otras. Más gobierno económico es sobre todo armonización fiscal, la única manera de que la regulación fiscal no la fije exclusivamente la competitividad a la baja entre Estados, y ahí la izquierda está a la defensiva y jugando en el terreno de la derecha. No hay modelo social europeo sin una política fiscal armonizada.
Estos principios básicos son útiles para abordar los objetivos del Consejo de Barcelona. Mientras algunos pretenden consolidar un modelo de competitividad basado en la desregulación de las relaciones laborales y la precariedad como estrategia competitiva, el sindicalismo europeo apuesta por la educación y los derechos sociales como el principal motor del desarrollo. Aparentemente, todos coinciden en que debe mejorarse la movilidad de las personas para facilitar la búsqueda de trabajo. Pero mientras unos apuestan por reducir los derechos del desempleo o la desregulación del despido y así obligar a las personas paradas a entrar en el circuito cerrado de la precariedad y la rotación contractual, otros pensamos que el camino de la movilidad funcional o geográfica pasa por facilitar la promoción profesional de las personas a partir de la formación, incrementar los servicios comunitarios dirigidos a los niños o las personas en situación de dependencia. O sencillamente, incrementar la política de vivienda social para evitar que el cambio de residencia se convierta en una aventura con costes insuperables para los trabajadores. Algo parecido sucede con las políticas dirigidas a la inmigración, donde existe un fuerte conflicto entre quienes consideran a la inmigración únicamente como un mecanismo para ajustar las necesidades de mercado laboral de las empresas y otros creemos en la necesidad de atender también a las nuevas necesidades sociales que comporta incorporar a nuestra sociedad personas con carencias económicas y sociales importantes.
En el marco de la presidencia española se apuntarán también -aunque no se decidan definitivamente- algunos de los grandes movimientos de futuro de la UE. Cómo se produce la ampliación a 10 países del este europeo y cuál es el papel del espacio euromediterráneo en la futura UE. Comisiones Obreras apuesta por que no se produzca ningún atraso ni entorpecimiento de la ampliación, aun a sabiendas de las dificultades institucionales que comporta una UE con 25 Estados. Las excusas del poco pedigrí comunitario de los países aspirantes -'acervo' se dice en la jerga- no pueden ocultar las razones reales de incremento de la competencia industrial y agraria o la redistribución de los fondos estructurales para los países miembros. Hay que ser conscientes de que la ampliación obligará a muchas empresas y países a modificar sus estrategias de competitividad de bajos costes laborales. Esta dificultad de estructuración institucional, lejos de paralizar el proceso de construcción política de la UE, debe aprovecharse para avanzar aún más en su autorreforma. Y desde la perspectiva de Cataluña podemos aportar una reflexión propia. La ampliación puede comportar un riesgo cierto de aumento de las desigualdades de carácter regional en términos económicos y sociales. En España sabemos del importante papel que las instituciones regionales han desempeñado en la reducción del déficit de las regiones menos desarrolladas. Por ello, la reforma institucional debiera abordar elementos de descentralización política -según la característica de cada país y Estado-. Por último, es imprescindible que 2002 sea el año de la consolidación de una apuesta fuerte de la UE por el desarrollo económico y social de los países del mediterráneo, y no sólo por razones solidarias. De la misma manera que resulta impensable concebir una Europa estable sin la incorporación de los países del Este, no parece posible que Europa se pueda sentir segura con un Mediterráneo lleno de desigualdades e injusticias. Para que todos estos objetivos sean posibles es imprescindible una movilización de la sociedad. Este es nuestro interés en el momento de convocar las movilizaciones. Pero sería imprescindible para ello que el futuro de la UE adquiera en el debate político y mediático -que a menudo son lo mismo- la centralidad que se merece por los intereses que tenemos en juego.
Joan Coscubiela es secretario de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC).
