La Iglesia está exenta de los principales impuestos

Cada año, la Conferenia Episcopal Española (CEE) envía a Roma un óbolo -de 16 millones de pesetas, en 2000- con cargo al único presupuesto público de la Iglesia católica, el de la propia CEE. Esa escueta generosidad de los obispos con el Romano Pontífice simboliza el funcionamiento centralizado de esta religión y contrasta con la dispersión con que funciona su economía de ingresos y gastos.

El lunes pasado un despacho de agencia anunciaba que los obispos estudiaban al día siguiente [por ayer] 'los presupuestos de la Iglesia para el año 2002', y así se anuncia cada año cuando se aprueba por la plenaria episcopal. Pero, en la realidad, ese presupuesto -23.929 millones en 2001- no sirve sino para pagar los sueldos de los propios obispos (211 millones) y la nómina de sus 19.000 curas parroquiales, más los gastos de personal y de funcionamiento de la propia Conferencia Episcopal.

También suele anunciarse cada año lo que el Estado aporta al presupuesto de la CEE -21.756 millones en 2001, algo más del 90% del presupuesto total-, con la equivocada idea de que es sólo esa cantidad la que llega a los obispos desde las arcas del Estado. La realidad, otra vez, confunde esa afirmación, porque lo cierto es que las diferentes administraciones del Estado aportan directamente a la Iglesia cientos de miles de millones más por múltiples caminos.

El paraíso fiscal

La ventajosa relación de la Iglesia católica con el Estado queda resumida en el campo de la fiscalidad. El clero no declara a Hacienda sus sueldos, y la Iglesia, en sus múltiples manifestaciones, está exenta de los impuestos principales: IVA, impuesto de bienes inmuebles (IBI), el de sociedades, el de transmisiones o el de actos jurídicos documentados. De forma que, cuando se hace la suma global de lo que aporta, aquí y allá, el Estado a las arcas católicas, nadie puede calcular lo que habría que añadir por esa situación de paraíso fiscal. Algunos expertos señalan por alto: decenas de miles de millones más.

Lo curioso es que de esas ventajas fiscales no se benefician ni siquiera las otras religiones que gozan de la calificación de 'notorio arraigo' [protestantismo, judaísmo e islamimso], que también han firmado convenios de colaboración con España. Eso quiere decir, por ejemplo, que si un rabino, un pastor o un imam construyen su vivienda en un municipio, deberán pagar, lógicamente, la licencia de obras al Ayuntamiento, de la que, en cambio, está exento el sacerdote para su casa, rectoral o no.

Otro ejemplo, más gráfico si se quiere: la Cruz Roja, como asociación de interés público y sin ánimo de lucro, también tiene peor tratamiento que la Iglesia católica. Dionisio Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid, en apoyo del principio de igualdad que debería asegurar el Estado aconfesional, recordó ayer que la Comisión Europea ya ha llamado la atención al Gobierno de España por permitir estas discriminaciones. Es cierto que tales ventajas fiscales tienen su origen en los acuerdos bilaterales entre España y la Santa Sede, pero, dice Llamazares, tal situación también se contempla en el acuerdo de integración de España en la Unión Europea: en esos casos excepcionales, señala el tratado, los Estados deberán hacer esfuerzos para eliminar tales desigualdades de trato, y 'eso no se está haciendo', añadió.

Otro pozo insondable del dinero público que recibe la Iglesia tiene que ver con el patrimonio histórico y sus bienes inmobiliarios, cuantiosos a pesar de haber sido sometida a dos severos procesos de desamortización en el pasado. La Iglesia sigue siendo, con mucho, la primera potencia del Estado en patrimonio histórico, y es dueña de miles de inmuebles e incluso de varios latifundios rurales. Pues bien, cada año, las administraciones autonómicas presupuestan unos 10.000 millones para financiar proyectos de restauración o de mantenimiento de esos bienes -museos, archivos, catedrales, monasterios, iglesias, casas rectorales, campanarios, jardines-, e incluso para construir nuevos edificios eclesiales, sin que, a cambio, se exijan contrapartidas rigurosas de uso público, ajeno a caprichos de horario o prohibiciones por motivos, por ejemplo, de vestimenta.

Respecto al dinero gastado por el Estado en actuaciones sobre ese patrimonio, se produce un hecho extravagante: las competencias están transferidas a las consejerías de Cultura, pero la Administración central también dedica decenas de millones a ese objetivo, incluso solapándose en las mismas partidas.

La concertación

Pero donde realmente engordan las cuentas de la Iglesia es en el capítulo de la enseñanza escolar. Por cierto, es en este sector de ingresos donde existe mayor transparencia, tanto en el número de centros concertados por cada Gobierno autónomo como sobre las cantidades finales aportadas por sus respectivos presupuestos. Si las cifras que se ofrecen son algunas veces de redondeo, aun siendo exactas en lo principal, es porque proceden muchas veces de fuentes no homogéneas. Así, Cantabria y Asturias facilitaron datos de este mismo año, mientras que de Cataluña o el País Vasco los últimos oficiales son de 1988.

Otro aspecto que surge tras el análisis de la enseñanza concertada por el Estado con organizaciones religiosas tiene que ver con el número de conciertos -en relación con la enseñanza pública-, con la calidad que ofrecen y con el precio. Al respecto, Álvaro Marchesi, ex secretario de Estado de Educación, denuncia el incremento de los conciertos -'Han ido a más, claramente', dice-, cuando las previssiones en el momento de aprobarse la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1984), eran de estabilidad: en torno al 65% lo público, y el 35% lo privado concertado. Ahora mismo hay autonomías como Cataluña y Madrid que caminan hacia la equiparación de esos porcentajes.

Más críticos, UGT y CC OO advierten de que los conciertos no cumplen la función social que les justifica, multiplicándose en zonas de prosperidad, con una 'descarada intención de algunos gobiernos autonómicos y del PP por arrinconar a la escuela pública'. Paloma Martínez, secretaria de la Federación de Enseñanza de UGT, denuncia que el Estado paga 'a precio de saldo' esos conciertos, lo que repercute en la calidad y en el salario de sus docentes, muy inferior al de sus colegas de la pública.