Chile aprueba una nueva ley que favorece la libertad de expresión

Los periodistas chilenos ya no podrán ser juzgados por tribunales militares, aquellos titulados en universidades tendrán derecho legal a preservar el secreto de la fuente informativa y, por primera vez, podrán acogerse legalmente a una cláusula de conciencia, de acuerdo con algunas de las normas que contiene la nueva ley de libertad de información, opinión y ejercicio del Periodismo, aprobada esta semana en su último trámite legislativo en el Parlamento de Chile.

El proyecto, enviado al Congreso en julio de 1993 por el gobierno de Patricio Aylwin, tardó casi ocho años antes de ser finalmente aprobado -falta su revisión en el Tribunal Constitucional y su promulgación en el (Diario Oficial) para que comience a regir-, en la tramitación más extensa en ambas cámaras -privilegio que comparte con la iniciativa que derogó la pena de muerte- desde el retorno a la democracia, en 1990.

Unánimemente considerada un avance sustancial en materia de libertad de expresión y ejercicio del periodismo por el Colegio de Periodistas, las organizaciones de propietarios de medios de comunicación escritos, radiales y de televisión, la ley deroga una norma anterior sobre abusos de publicidad y el artículo "b" de la ley de seguridad del estado. Este último permite a las autoridades de mayor rango de los tres poderes y a los jefes de las Fuerzas Armadas privilegios legales a la hora de querellarse contra un periodista por delitos de difamación, injuria y calumnias.

A esta disposición de la ley de seguridad del estado acudió hace dos años el ex presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, al querellarse contra la periodista Alejandra Matus y lograr que un juez incautara el Libro negro de la justicia chilena, de Editorial Planeta, requisando los ejemplares impresos. El juez, además, detuvo unos días a los responsables de la editorial y dictó orden de detención contra la autora.

Pero Matus, que en 1996 obtuvo el premio Ortega y Gasset de Periodismo por una investigación sobre el caso Letelier, alcanzó a salir antes del país y logró asilo político en Estados Unidos. Cuando el ministro portavoz del gobierno, Claudio Huepe, le contó por teléfono de la aprobación de la ley de prensa, la periodista expresó su satisfacción pero aclaró que no regresará a Chile hasta que la justicia anule los cargos y la orden de detención en su contra.

El papel de los jueces

La nueva ley también establece que los jueces no podrán dictar prohibición de informar sobre algún proceso judicial, una herramienta que suelen ocupar para impedir filtraciones del sumario. En los últimos años, sin embargo, la tecnología permitía derrotar en parte esta restricción. En más de una oportunidad, el diario "La Tercera" burló disposiciones de este tipo, abriendo sitios en internet en otros países, desde donde informaban de las novedades judiciales.

Otra disposición que resulta novedosa en Chile es la sanción con multas a quien publique o transmita promoviendo el racismo. Asegura también la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación para garantizar el pluralismo y el derecho de las personas a estar informadas.

En las votaciones fueron desechadas algunas ideas. Entre ellas, la norma que pretendía obligar a los medios escritos con un tiraje superior a los cinco mil ejemplares que informaran de manera destacada la cantidad distribuida en la edición anterior. La Asociación Nacional de la Prensa, que reúne a los propietarios de diarios, logró el apoyo de la derecha y de parte de los parlamentarios oficialistas para frenar esta disposición, porque discrimina contra los medios de menor tamaño y es parte del ámbito comercial privado de las empresas.