Interior impide regresar a Madrid a un menor marroquí repatriado, pese a reclamarlo el fiscal

Otmane, como otros adolescentes magrebíes, llegó solo a Madrid hace año y medio desde Tánger para buscarse la vida. Detrás dejaba una familia empobrecida de ocho hermanos, uno de ellos enfermo mental, y un futuro muy poco halagüeño. Pero, como para otros tantos chicos de su condición, la emigración no fue un paseo triunfal. Fue imputado en un robo con intimidación cometido en grupo, pasó un periodo de prisión preventiva en Alcalá-Meco y todavía está pendiente de juicio por ese asunto en un juzgado de Getafe.

Sin embargo, en ese tiempo también ha conocido en Madrid grandes afectos. El muchacho estaba tutelado por la Comunidad desde enero y vivía en el centro para menores desamparados de Picón de Jarama. Allí, varios educadores lucharon para que lograra uno de sus sueños: obtener un permiso de trabajo y residencia en España.

Después de muchas vicisitudes, las cosas iban bien. El pasado 31 de enero, la Delegación del Gobierno en Madrid le concedía la exención de visado, que es el primer paso para obtener un permiso de residencia. Asimismo, la Coordinadora de Barrios, una entidad que apoya desde hace años a jóvenes desfavorecidos, le había ofrecido techo para cuando, el próximo 11 de marzo, cumpliera los 18 años y tuviera que abandonar la residencia de menores. Iba a vivir en la casa que Enrique de Castro, sacerdote de Entrevías y miembro de la Coordinadora, tiene en el Pozo del Tío Raimundo (Puente de Vallecas). De Castro también le había ofrecido trabajo en los Traperos de Emaús para recoger muebles y reciclarlos.

Pero el pasado 7 de febrero el director del centro de Picón llamó a Otmane a su despacho, donde le esperaban dos policías que, según la Coordinadora, 'sin dejarle recoger sus pertenencias y sin preguntarle su parecer, le llevaron al aeropuerto y le embarcaron en un avión a Tánger'.

Otmane había topado con la Ley de Extranjería, que, en su artículo 35, señala que 'la Administración del Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del menor, y previo informe de los servicios de protección de menores, resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen o aquél donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España'. El Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) tiene como norma, según ha explicado en reiteradas ocasiones su directora, Esperanza García, intentar el retorno de estos chicos a Marruecos por considerar que es lo más conveniente para ellos. Otra cuestión es que esa reagrupación no sea posible por falta de datos sobre los muchachos.

El 7 de febrero, Otmane estaba de nuevo en Tánger, donde su familia tendrá que pagar una multa por la inmigración ilegal de su hijo a España. Pero como el joven donde quiere vivir es en Madrid, el 10 de febrero había pasado a Ceuta, con su visado y su pasaporte. Intentó viajar en ferry a la Península y, después de que se lo impidieran, recurrió al fiscal de menores de Ceuta. El chico quedó ingresado en el centro Mediterráneo de protección de menores de dicha ciudad.

El pasado 5 de marzo, el fiscal de Madrid, informado del caso por la Coordinadora, escribió a su homólogo ceutí indicando 'que se facilite el retorno de este menor a Madrid, a ser posible acompañado del sacerdote Enrique de Castro'. En su decisión, el fiscal destaca que ése es 'el superior interés del menor', ya que que su reagrupamiento familiar 'ha fracasado', tiene una causa pendiente en los juzgados madrileños de menores y es también en esta ciudad 'donde tiene su único arraigo conocido', con la Coordinadora de Barrios.

El pasado miércoles De Castro no podía ir a recoger al chico y fue otra educadora de la Coordinadora la que, con autorización de la fiscalía, acudió a Ceuta. Ese día, en la comisaría del puerto de Ceuta les dijeron que la Brigada de Extranjería de Madrid consideraba que el chaval no podía pasar a la Península porque no le sirve la exención de visado, al haber sido ya repatriado a su país.

Ayer, la Junta de Protección de Menores de Ceuta indicó a Otmane y a su educadora que el problema ya estaba resuelto y que la Delegación del Gobierno había dado su autorización. Les dejaron pasar al ferry que enlaza con Algeciras a las 11.00, pero, antes de que zarpase, unos policías les obligaron a bajar. Las últimas órdenes son que el muchacho debe desplazarse al Consulado español en Tetuán a pedir un visado nuevo. Pero no se trata sólo de un trámite burocrático: el próximo domingo el chico cumple 18 años, por lo que se convierte en un mayor de edad y la Fiscalía de Menores deja de tener jurisdicción sobre él. A partir de ese día ya no podrá volver, si no es cumpliendo los mismos trámites que cualquier inmigrante adulto.