Los juristas creen ilegal y demagógica la iniciativa
Todos los juristas consultados por este periódico, de signos ideológicos diversos, coinciden en criticar la iniciativa del presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, de publicar en los medios de comunicación social una lista de los maltratadores familiares de su región. Jueces, fiscales y otros juristas la consideran ilegal, demagógica, contraproducente, negativa, ineficaz y contraria a la rehabilitación de los delincuentes.Aunque ya el propio Bono se cuidó ayer de proponer a las Cortes de su región que, de llevarse a la práctica esa medida, tendría que contar "con la venia constitucional", la mera propuesta hizo cundir la alarma jurídica, especialmente manifestada desde la Agencia de Protección de Datos (APD) y las asociaciones de jueces y fiscales.
El director de la APD, Juan Manuel Fernández López, consideró ilegal la iniciativa de publicar esos datos. Admitió que una Administración Pública pueda, por ley, crear un fichero de sentencias condenatorias, aunque expresó sus dudas sobre que una comunidad autónoma sea competente para ello. En caso de serlo, la ley tendría que establecer con precisión el modo de acceso y de rectificación de esos datos, que nunca podrían hacerse públicos a través de los medios de comunicación social, incluído Internet.
Linchamiento
José Luis Requero, portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), consideró la iniciativa contraproducente y le atribuyó "un retintín demagógico", que le recordaba "el linchamiento" que se produjo en el Reino Unido por la publicación de condenados por pederastia. Recordó que la Ley de Datos exige la confidencialidad de los ficheros de datos personales, que se extiende incluso a las colecciones de jurisprudencia.Montserrat Comas, portavoz de la asociación progresista y minoritaria Jueces para la Democracia, estimó que "no se puede hacer una lista de condenados, sin más, y publicarla en los periódicos, entre otras razones porque vulneraría la cancelación de antecedentes y las pedidas de suspensión de la pena y de rehabilitación que prevé el Código Penal".
Como otros magistrados, Comas reconoció el derecho a publicar las sentencias, pero no a establecer "listados de condenados al margen del control judicial de la pena y de las medidas resocializadoras".
José Luis González Armengo, portavoz de la asociación judicial minoritaria y moderada Francisco de Vitoria, evaluó la medida propuesta por Bono como "una reprensión en público, que está prohibida legalmente". Estimó que la publicación en los medios de comunicación de listas de condenados por maltrato doméstico, igual que por torturas, "sería un plus de condena inviable legalmente y que significaría un retroceso en el Estado de derecho". Pidió a los poderes públicos serenidad ante estos delitos, igual que ante el terrorismo y "no actuar a impulso de la actualidad".
Adrián Salazar, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), evaluó la iniciativa de Bono "muy negativamente", y evocó la publicidad en el reino Unido de listas de agresores se xuales a menores [que originó dos suicidios]. Salazar estimó la medida "ineficaz y contraria a la posibilidad de rehabilitación, a través del control de jueces y fiscales". Razonó que no todos los casos son iguales y que la publicación de esos listados puede resultar "estigmatizante y demagógica".
Frente a estas opiniones, algunas asociaciones de mujeres recuerdan que la divulgación de la identidad de los maltratadores ha sido eficaz en países europeos avanzados, como Suecia, en donde han llegado a publicarse fotografías de los agresores.
