Guanajuato aprueba una ley que castiga el aborto con prisión

El último recurso

El tema del aborto crispa nuevamente a la sociedad mexicana, compuesta en una inmensa mayoría por católicos. Mientras la Asamblea Legislativa de México D.F. aprobó anoche una modificación legal para ampliar los casos de aborto legal, los conservadores del Estado de Guanajuato han decidido restringirlos, penalizando el aborto, incluso, en casos de violación. Asociaciones de mujeres, organismos civiles e incluso el presidente saliente, Ernesto Zedillo, y el entrante Vicente Fox, han salido al paso en medio de la tormenta.Al ser clandestino, no hay cifras precisas sobre el número abortos que se practican en México, pero se dice que son más de 200.000 cada año, a causa de los cuales mueren muchas mujeres, que se someten a la práctica en condiciones insalubres. Muchas de ellas llegan a los hospitales con hemorragias o infecciones que son tratadas sin mayores investigaciones, a pesar de que el aborto está penado en el país.

Guanajuato es un Estado conservador, de cuyo gobierno salió Fox. Su partido, Acción Nacional (PAN), mantiene mayoría en el congreso y recientemente aprobó una ley por la que las embarazadas por violación deben purgar penas de prisión si recurren al aborto. Los grupos derechistas más recalcitrantes, como Provida, aplaudieron la norma, al igual que sectores de la iglesia católica.

En un periodo en que Fox, un católico practicante y conservador, se prepara para recibir el gobierno -el 1 de diciembre- ha tenido que salir al paso de la polémica para manifestar: "no comparto lo que sucedió en Guanajuato. Mi postura es muy diferente... Yo me comprometí en la campaña, y ahora como presidente electo, a que no promoveremos ninguna iniciativa que cambie las circunstancias en las que está definido el asunto del aborto en nuestras leyes".

La legislación mexicana permite a las mujeres a interrumpir el embarazo cuando éste es consecuencia de una violación o pone en peligro la vida de la madre. Hace poco más de un año, a una niña de 13 años violada en el estado de Baja California, gobernado por el PAN, se le impidió abortar, pese a que la ley le ampara.

Al aprobarse la ley en Guanajuato, la polémica alcanzó niveles nunca vistos al tratarse ese delicado asunto. Los ultraconservadores de Provida se lanzaron en busca de un endurecimiento de las leyes para con las mujeres que se ven obligadas a abortar, mientras que organizaciones feministas y políticas liberales defienden el derecho a emplear ese último recurso. El cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval, fue especialmente duro con las mujeres a las que prácticamente culpó de ser violadas al señalar que "la mujer debe poner lo que está de su parte, pues la manera de vestirse es provocativa. La mujer tiene que ser más decente y no propiciarlo". Más de 70 organizaciones feministas exigieron a la Iglesia una "disculpa" por las muertes registradas como consecuencia de la política religiosa antiabortista.