Quince minutos para pacificar Chiapas
El presidente electo de México, Vicente Fox, retomará las negociaciones para solucionar la rebelión indígena de 1994
Obligado por las subastas de campaña, y su propio convencimiento, el presidente electo de México, Vicente Fox, prometió resolver el conflicto de Chiapas "en 15 minutos" si el subcomandante Marcos se aviene al calendario. El ganador de las históricas elecciones del 2 de julio ha reiterado su interés por un encuentro con el jefe rebelde, pero será necesario más de un cuarto de hora para solucionar el levantamiento indígena de 1994. "Estoy buscando una cita con él, reemprender el proceso de diálogo y la negociación", declaró Fox.El nuevo diálogo deberá arrancar con una relectura de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, suscritos por el Gobierno de Ernesto Zedillo el 16 de febrero de 1996, después de haber sido negociados entre una delegación oficial y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Su contenido debió traducirse en leyes y aplicación práctica, pero no fue posible. Después de varias discusiones con los zapatistas, se acordó que la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por los partidos con representación parlamentaria, redactara las propuestas de ley partiendo de la letra de los acuerdos.
El 19 de diciembre de aquel año, el Gobierno presentó 27 revisiones a esa redacción, posteriormente limitadas a cuatro fundamentales. Marcos consideró que enmendaban el núcleo y significaban, de hecho, el incumplimiento de la palabra dada y mantener injusticias de siglos. "No renegociaremos los acuerdos de San Andrés, ni aunque la renegociación se disfrace de 'revisión'. (...) Ni una palabra, ni un punto, ni una coma vamos a permitir que se cambie", subrayó Marcos.
Rescatado del olvido
La situación ha cambiado poco desde entonces, y la larga campaña previa a las elecciones sumieron definitivamente en el olvido el caso Chiapas. No desconoce Fox la complejidad de un problema que impide la normalización política de México. El Gobierno de Zedillo rechazó los conceptos de propiedad territorial, autonomía y espacios de radio y televisión propios contenidos en el apartado de los derechos indígenas de la propuesta de ley redactada por Cocopa. La aceptación sin restricciones de los acuerdos de San Andrés, insisten fuentes oficiales, entronizaría el fanatismo y formas antidemocráticas de gobierno, causaría sangrientos conflictos por la propiedad de tierras y recursos naturales y socavaría la integridad territorial del país al franquear el paso a reclamaciones independentistas.El asunto no es menor porque las modificaciones del marco legal establecidas en los acuerdos y en las fracasadas iniciativas de ley que lo desarrollaban hubieran obligado a cambios constitucionales que afectarían no sólo a Chiapas, sino a los 10 millones de indígenas mexicanos de diferentes etnias, un 10% de la población.
"Estamos preparados para que el punto de negociación sean precisamente los acuerdos de San Andrés Larráinzar", manifestó Fox. Si el proceso entrara en una fase de entendimiento, ordenaría el repliegue del Ejército hasta sus anteriores posiciones. "Espero que [Marcos] me dé la oportunidad de hablar con él antes de mi toma de posesión [el 1 de diciembre]", agregó el presidente electo.
La oportunidad se presentará antes o después, y el nuevo gobernante y el encapuchado de la selva Lacandona, o sus delegados, deberán abordar los puntos más polémicos de unos acuerdos cuya negociada ejecución pondría fin al levantamiento que comenzó el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.
"Nosotros hoy decimos ¡basta! Somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad. Los desposeídos somos millones y llamamos a nuestros hermanos a que se sumen a este llamado", subrayaron los rebeldes en la proclama de sublevación. "Es el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años, encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias". El 12 de enero callaron las armas, y el conflicto permanece desde entonces enquistado, sujeto a periódicos y cruentos sobresaltos. El más grave fue la matanza de 40 indígenas prozapatistas ocurrida en la aldea de Acteal durante las Navidades de 1997.
Las correcciones del Gobierno a los compromisos de San Andrés fueron sustantivas. Una propuso que la ley estableciera que "la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, a los cuales, en los términos de la Constitución, se les reconoce el derecho a la libre determinación, que se expresa en un marco de autonomía respecto de sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural". Ese derecho les permitiría "aplicar sus normas, usos y costumbres en la regulación y solución de los conflictos internos...".
La redacción original del proyecto de ley de la Comisión de Concordia y Pacificación señalaba que "los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación, y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano para decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural...". El Gobierno teme que la autonomía a conceder sea objeto de nuevas interpretaciones y choques, y alguien pida la mediación de organismos internacionales. "El problema para México sería mayúsculo", dijo un experto en derecho internacional.
