Las cartas Straw-Pinochet, boca arriba.

ENVIADO ESPECIALLa propuesta de mantener en secreto el informe resultante de los exámenes prácticados al general Augusto Pinochet por cuatro especialistas el pasado 5 de enero, que ha llevado a la conclusión preliminar de ponerle en libertad, partió del ministro del Interior británico, Jack Straw, y esa iniciativa mereció luego el apoyo de la defensa del ex dictador. Así se desprende de la correspondencia privada que mantuvo el Home Office (Ministerio del Interior) con el abogado de Pinochet Michael Caplan, miembro de la firma Kingley & Napley, de Londres.

Esta correspondencia se desarrolla en torno al hilo del proceso para la liberación de Augusto Pinochet, que arranca el 6 de octubre de 1999 en el tribunal penal de Bow Street, donde se celebró el juicio de extradición del ex dictador. Ese miércoles 6, fue convocada, a petición de la defensa de Pinochet, una vista para debatir si, por razones de salud, el ex dictador debía ser excusado de asistir a la sesión del 8 de octubre, en la que el magistrado Ronald Bartle daría a conocer su veredicto: a saber, si Pinochet podía, técnicamente hablando, ser extraditado a España.

El día anterior, 5 de octubre, la Fiscalía de la Corona, agente de España en el caso, intentó que su propio médico, Peter Dean, hiciera un reconocimiento del ex dictador previo a la vista del día 6. Pero el abogado Michael Caplan, coordinador de la defensa del ex dictador, no logró arreglar el encuentro.

La defensa citó en el tribunal el día 6 a Michael Loxton, médico clínico que ha atendido a Pinochet en el condado de Surrey desde diciembre de 1998. Loxton, un hombre delgado de pelo oscuro, enfundado en un traje de tweed, se subió al estrado de testigos y explicó que Pinochet acababa de sufrir dos ataques al corazón y que una eventual comparecencia suya ante el tribunal para oir el fallo podría provocarle un tercer ataque. El doctor añadió que Pinochet tenía dificultad para recordar hechos y que se mareaba con frecuencia cuando permanecía de pie. Explicó que sufría, entre otras cosas, de una neuropatía diabética y dio una amplia explicación de sus patologías.

El magistrado Ronald Bartle, tras oir a la defensa de Pinochet y advertir que no existía una oposición frontal de la Fiscalía de la Corona, tomó la decisión inusual de excusar a Pinochet de comparecer ante el tribunal el día del fallo, es decir, el viernes 8 de octubre. Cuando llegó ese día, Pinochet dio una sorpresa: instruyó a su abogado para que, si el veredicto le fuera adverso, leyera un breve texto en el que rechazaba la pretensión de España de juzgarle. Lo que interesa ahora es recordar que el texto en cuestión era perfectamente coherente.

El 14 de octubre, seis días después del fallo favorable a la extradición, el embajador chileno en Londres, Pablo Cabrera, entregó al Foreign Office (Ministerio de Asuntos Exteriores) un escrito de alegaciones, apoyado en informes médicos, en el que se daba cuenta de un "significativo deterioro" de la salud de Pinochet. El médico jefe del Home Office, Liam Donaldson, tras estudiar los informes, explicó a Straw que Pinochet podía estar incapacitado para someterse a un juicio. El ministro contaba ya para entonces, desde el mes de agosto, con otro informe jurídico reservado, el del abogado Jonathan Sumption, quien sostenía que, entre las funciones del ministro, se cuenta la de interrumpir un procedimiento de extradición después de que una persona haya sido declarada técnicamente extraditable si el ministro considera inapropiada dicha decisión.

Con estos antecedentes, algo empezó a moverse el 5 de noviembre de 1999, cuando Fenella Tayler, funcionaria del departamento de Extradición del Home Office, escribió una carta con dos copias, una dirigida a Michael Caplan, de la defensa de Pinochet, y otra a la Embajada chilena en Londres. La funcionaria informaba de que se había recibido en el Home Office, el Ministerio británico del Interior, una carta de la Embajada chilena "en la que se solicita liberar a Pinochet del procedimiento de extradición" en base "a una serie de informes médicos". Tayler añadía que "el ministro [Straw] ha considerado muy seriamente la carta y sus anexos y ha concluido que necesita un informe y un examen médico completo del senador Pinochet". "El propósito de esta carta", proseguía la funcionaria, "es saber si el senador Pinochet estaría dispuesto a someterse a un examen médico por doctores designados por el Home Office".

Pero la carta no terminaba allí. El punto que más tarde se convertiría en el área vulnerable de Straw estaba en la última linea. "Una copia", escribió Fenella Tayler, "del informe le será entregado a usted en su debido momento. Huelga decir de que se harán todos los esfuerzos por parte de los doctores y su equipo, y del Home Office, para asegurar la completa confidencialidad del informe".

El 11 de noviembre, Michael Caplan respondía afirmativamente a Fenella Tayler. "El senador Pinochet está dispuesto a someterse, en principio, a un examen médico (...) Naturalmente, desearía que estén presentes sus médicos chilenos y el doctor D. J. Thomas, que lo ha estado tratando". Y añadía: "Le estoy agradecido por su indicación de que el Home Office hará todos los esfuerzos para asegurar la confidencialidad de cada informe. El senador Pinochet está preparado para someterse al examen en el entendimiento de que ninguno de sus contenidos será revelado a nadie que no sea el Home Office o nosotros mismos".

Tras esta aceptación, se produjo un silencio de 15 días. ¿Qué sucedía? Que los asesores de Straw descubrieron que su promesa de confidencialidad presentaba un punto negro: el artículo 7 de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, suscrita por el Reino Unido. Dicho acuerdo dice que, si uno de los países miembros decide no extraditar a una persona acusada de tortura, debe "someter el caso a las autoridades competentes para su persecución". ¿Qué tenía esto que ver con el examen médico y su confidencialidad? Es evidente: si el examen conducía a la conclusión de que Pinochet podía ser liberado por estar incapacitado para someterse a un juicio en España, todavía quedaba abierto el flanco de una persecución judicial en el Reino Unido. Sería, entonces, necesario que el ministro Straw se dirigiese a las autoridades del Reino Unido para que ellas se pronunciasen sobre una acusación interna contra Pinochet, antes de decidir su liberación. Esas autoridades son el Director of Public Prosecution (Director de la Fiscalía Publica), la cabeza del Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona), David Calvert-Smith, y el Solicitor General (Abogado del Estado), Ross Cranston.

Fenella Tayler, pues, planteó el punto directamente a Caplan, en una carta del 26 de noviembre de 1999, en la que señalaba "una dificultad potencial que pensamos debería ser resuelta en esta fase" para el supuesto de "uno de los desenlaces hipotéticos de este proceso" como sería "la decisión de no extraditar a Pinochet por razones relacionadas con el contenido del informe médico". "En esa eventualidad, prosigue la carta, "el Director de la Fiscalía Pública y el Abogado del Estado, como partes cuyo consentimiento sería preceptivo, desearían tener la posibilidad de considerar el informe médico, y le estaríamos agradecidos si nos confirma que usted, en las circunstancias que describo, estarían de acuerdo". Se apuntaba, pues, por primera vez "el desenlace hipotético", la liberación del ex dictador.

Pero, la señora Tayler acostumbra dejar para el final los detalles significativos. Había allí algo muy relevante. "Por supuesto, pediremos confirmación al director de la Fiscalía Pública y al Abogado del Estado de que cualquier informe médico que se les aporte lo utilicen exclusivamente para el propósito de considerar su posición sobre una acusación y que no será puesto a disposición de ningún miembro de la Fiscalía de la Corona bajo ningún concepto", señalaba la carta.

La fiscalía de la Corona

Tres días después, el 29 de noviembre, Michael Caplan llamó por teléfono a Fenella Tayler y le adelantó que tras hablar con Pinochet, le enviaría ese mismo día una carta, en la que prestaba su consentimiento. Le insistía en la presencia de dos médicos en el examen, uno chileno y otro británico, en calidad de observadores. Y pasaba al tema de fondo: "Entiendo las razones por las cuales puede ser necesario para el director de la Fiscalía Pública y el Abogado del Estado considerar el informe médico. Estoy de acuerdo con ello en las circunstancias planteadas en su carta, con la confirmación de la Fiscalía Pública y del Abogado del Estado de que cualquier informe médico no será considerado para ningún otro propósito y que no será puesto en conocimiento de ningún miembro de la Fiscalía de la Corona bajo ningún concepto".

Para la defensa de Pinochet, la Fiscalía de la Corona, que por ley es el agente del Estado extranjero que solicita una extradición al Reino Unido, no podía tener conocimiento del informe por una sencilla razón: inmediatamente lo hubiera puesto en conocimiento de su cliente, las autoridades españolas y el juez Baltasar Garzón.

Fenella Tayler respondió al día siguiente, 30 de noviembre de 1999, a Caplan. "Le estoy agradecida por su consentimiento para que el informe médico sea considerado por el Director de la Fiscalía Pública con vistas a una eventual acusación interna. Hemos recibido las garantías adecuadas de que el informe no será utilizado para ningún otro fin, y que no será puesto en conocimiento de ningún miembro de la Fiscalía de la Corona bajo ningún concepto".

El 11 de enero Fenella Tayler escribió a Michael Caplan para informarle de que el ministro había adoptado una decisión preliminar de liberar al ex dictador en base a que "la conclusión inequívoca y unánime de los tres médicos practicantes y de la neuropsicóloga es que, como resultado de un reciente deterioro en el estado de salud del senador Pinochet, que parece haber tenido lugar en septiembre y octubre de 1999, él está en estos momentos incapacitado para someterse a juicio, y no se espera un cambio en su situación". Pero, otra vez, la señora Tayler, antes de terminar la carta, pedía un favor a Caplan: "A la luz de la naturaleza del informe, el ministro cree que sería de ayuda para que las cosas progresen lo más fácilmente posible si fuera puesto en conocimiento en su totalidad, bajo condiciones de estricta confidencialidad, de España, Francia, Bélgica y Suiza".

La señora Tayler terminó de redactar la carta y llamó por teléfono a Michael Caplan, para subrayarle la petición. Según ha quedado documentado en la correspondencia, Caplan le respondió sin dudar que no estaba de acuerdo. Tras la conversación telefónica, la señora Tayler recibió esta respuesta formal de Caplan: "No puedo consentir que el informe sea puesto a disposición de España, de cualquier otro país o de cualquier otra persona".

Algo alarmada, la señora Tayler llamó por teléfono a Caplan el miércoles 12, después del ajetreo de la noche anterior, martes 11, en la que el Home Office había dado a conocer públicamente la decisión de liberar a Pinochet. Tayler le recordó al abogado que sí había autorizado a enviar el informe al Director de la Fiscalía Pública y al Abogado del Estado. Caplan reconoció que, en efecto, era así y que quizás había omitido recordarlo al escribir a toda prisa su respuesta del día anterior.

La correspondencia privada entre el ministro Straw, a través de una de sus colaboradoras, Fenella Tayler, y el general Pinochet, representado por el abogado Michael Caplan, revela, pues, que fue el ministro quien fijó en su propuesta inicial la condición de confidencialidad de los informes y que la defensa de Pinochet se acogió a ella. No obstante, en su carta al abogado Geoffrey Bindman, representante de Amnistía Internacional y de varios grupos de derechos humanos y víctimas, Fenella Tayler escribió, el 18 de enero: "Le contesto a su petición de una copia del informe. El ministro no está en libertad de poner dicho informe en su conocimiento, porque el senador Pinochet aceptó someterse a un examen médico sobre la base expresa de que el informe sería utilizado sólo para permitir al ministro ejercitar sus funciones según la ley de Extradición y permitir al Director de la Fiscalía Pública y al Abogado del Estado cumplir con sus funciones en relación con una posible acusación interna, y que, por consiguiente, el informe sólo sería revelado a estos tres altos cargos oficiales".

[Anoche, un avión de las Fuerzas Armadas chilenas aterrizó en una base militar británica para recoger a Pinochet en el caso de que finalmente quede en libertad, informa France Presse.]