Los Verdes denuncian ante el CGPJ a la juez de Aznalcóllar por "inepta"

Los Verdes de Andalucía han pedido al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Javier Delgado, que aparte a la titular del juzgado de Sanlúcar La Mayor, Celia Belldadj ben Gómez, del procedimiento abierto por la catástrofe ecológica de Aznalcóllar, al considerar que ha actuado con "pasividad e ineptitud". Francisco Garrido, portavoz de esta formación política, cree que el comportamiento de la juez debería ser analizado por la comisión disciplinaria del consejo."Si el vertido de Aznalcóllar no es un delito ¿qué lo será? Si nadie es procesado por este hecho ¿quién lo podrá ser? Si la judicatura y el ministerio público muestran una coducta tan inepta y una actitud tan tediosa ¿cómo confiar en el futuro otros casos de menor alcance?", se pregunta el representante de Los Verdes de Andalucía en el escrito de reprobación dirigido al CGPJ.

Garrido pone como ejemplo del comportamiento "abusivo" de la juez su determinación de imponer fianzas de una cuantía "imposible de satisfacer" a asociaciones ecologistas que carecen de financiación.

"La voluntad de impedir en la práctica la presencia del ecologismo en el procedimiento es tal que estableció una injustificable discriminación entre Los Verdes y otras formaciones políticas", a las que no exigió ningún depósito económico.

El vertido de Aznalcóllar ocurrió el 25 de abril de 1998. Transcurrido más de un año desde que el juzgado de Sanlúcar la Mayor iniciara la investigación aún no hay ninguna persona procesada, tampoco se han determinado las responsabilidades ni existe un informe oficial sobre las causas de la mayor catástrofe ecológica ocurrida en España en los últimos tiempos.

Por otra parte, la asociación agraria Asaja presentará hoy un recurso ante la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía para que rectifique el acuerdo por el que ordenó la ocupación urgente de las fincas afectadas por el vertido tóxico, informa Alejandro Bolaños. El Gobierno andaluz decidió iniciar la expropiación de aquellas explotaciones que no han sido vendidas por sus propietarios para establecer un corredor forestal en el valle del Guadiamar. De no ser atendida su petición, Asaja, que cuenta con informes jurídicos que indican la inconstitucionalidad de la orden autonómica, se planteará recurrir ante los tribunales.