_
_
_
_

Una turba lincha a machetazos a dos personas acusadas del secuestro de cuatro niños en México

Juan Jesús Aznárez

Los más bárbaros entre el populacho de Huejutla, en el Estado mexicano de Hidalgo (centro), proponían desollarlos o, en su defecto, caparlos como a cerdos. Desde las filas menos crueles de la turbamulta se instó a una ejecución rápida, y ningún padre de familia pidió clemencia cuando, en una plaza de la Revolución mexicana, José Santos y Salvador Valdés fueron acabados a golpes y machetazos y colgados del palo mayor. Dos días después de haber sido detenidos como secuestradores de cuatro niños estaba claro que ninguno de los dos había de recibir en vida los santos óleos.

Soliviantados por el anuncio de su liberación, azuzados por las cuñas justicieras de una emisora, y habiéndose propalado que el destino de los colegiales hubiera sido un burdel de menores de Tejas, cientos de vecinos asaltaron de madrugada el juzado de Huejutla y, sin escuchar los ruegos del gobernador, lincharon a los reos.La sublevación contra el delito fue vandálica en Hidalgo, masiva y callejera en la ciudad de México, programada en otros Estados, y constituye un asunto oficial de primer orden. "No ha nacido quien pueda acabar con la delincuencia", admitió Rodolfo Debernardi, jefe de seguridad pública en el Distrito Federal. Que mueran quienes viven en ella, sentenció Huejutla la madrugada del jueves. La venganza se había fraguado este martes último, día en que Valdés y Santos, 31 y 23 años, fueron sorprendidos arrastrando hacia una furgoneta de matrícula veracruzana a tres niñas y un niño de unos 10 años, escolares en la primaria Fausta Careta de la Vega.

Atrapados por la policía, fueron conducidos al calabozo de la comisaria judicial. Para entonces la calle daba por sentado que al intento de rapto, Santos y Valdés sumaron un asqueroso manoseo de las niñas, y tenían decidida su venta a mil quinientos dólares la pieza en algún zoco de carne norteamericano. Otros voceaban que iban ser asesinadas para comerciar con sus órganos.

El gobernador, Jesús Murillo, y el fiscal del Estado, Omar Fayad, supieron después que personas cuya identidad se investiga acudieron al domicilio social de una emisora local para pagar la emisión de cuñas con el anuncio de la inminente liberación de los miserables previo pago de una fianza de 70.000 pesetas. No era cierto, afirmó el gobernador, pues permanecían encarcelados al dictárseles auto de prisión provisional. El ministerio público, antes del alzamiento, determinó que no se había consumado el secuestro, y en virtud de lo establecido en el artículo 119 del código penal procedía dos multas de 5.605 pesos (unas 90.000 pesetas, al cambio). "Y una vez exhibidas las cantidades se les dejaría en libertad".

El linchamiento era inevitable, como ocurrió otras veces en Guatemala, y otros países latinoamericanos. Aullando en demanda de justicia, el locutor encargado de la radiodifusión de las alertas convocó a la cacería, a una reacción social contra la puesta en libertad.

La tarde del jueves, una concentración de padres y vecinos montó guardia frente al juzgado de primera instancia, y no tardó en pasar a la acción. La enardecía una canalla más embrutecida por la ingesta de alcohol que por la indignación, dispuesta a abrir en canal a los de Veracruz

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

Asalto e incendio

Los más violentos encabezaron el asalto al juzgado, donde retuvieron a los empleados y a su titular, Anastasio Hernández. Ese grupo destrozó las oficinas, incendió y volcó la furgoneta de los secuestradores, y dos vehículos de una patrulla policial sufrieron serios daños. A punto estuvo de arder el edificio del consistorio, rociado con gasolina, si no fuera porque los pirómanos fueron atraídos por los ritos del grupo que había alcanzado la celda de José Santos Salvador Valdés.Advertidos, el gobernador y el fiscal viajaron a Huejutla en helicóptero, y buscaron el apoyo de los padres más serenos. No fue posible. Las gestiones de Murillo fueron vanas, y desoídas las promesas de fiscal de que se impartiría justicia con todo el peso de la ley.

Santos y Valdés fueron llevados de los pelos hasta la Plaza de la Revolución, pateados, molidos a estacazos, heridos a golpes de machete. Un cuerpo quedó sin vida sobre el asfalto, el otro fue arratrado por los linchadores hasta un quiosco, ajenos al hecho de que ahorcaban un cadáver. Al menos 15 personas fueron detenidas por la policía.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_