El oficial español acusado de secuestros en Argentina trabaja en el Ministerio de Defensa

El coronel Cristóbal Gil y Gil, el oficial de la Armada española acusado por un testigo de haber participado en la represión durante la dictadura argentina, sigue en servicio activo está destinado actualmente en y el Ministerio de Defensa. EL PAÍS contactó ayer con Gil y Gil para conocer su versión de los hechos, pero éste alegó que no podía realizar ninguna declaración sin permiso de sus superiores. El oficial pasó tres meses en 1982 en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) realizando un curso, en cumplimiento de un acuerdo de intercambio de oficiales entre los dos países.

Víctor Melchor Basterra, un ciudadano argentino hijo de españoles, denunció el pasado lunes a Gil y Gil ante el juez Baltasar Garzón, que investiga la desaparición de 600 españoles bajo las juntas militares de Argentina (1976-1983). El testigo aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional que, durante su estancia en la ESMA, el mayor centro de detención ilegal y tortura de la dictadura argentina, le comentaron que un oficial español había pasado tres meses allí en 1982 y había intervenido en varios secuestros.El coronel de Infantería de Marina Cristobal Gil y Gil, de 58 años, perteneció hasta octubre de 1976 al Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno (Seced), el servicio secreto del almirante Carrero Blanco. Cuando en el verano de 1977 se creó el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), a partir de la fusión del Seced y de la División de Inteligencia del Alto Estado Mayor, Gil y Gil no se integró en el nuevo servicio secreto sino que regresó a la Armada, aunque siguió ligado a misiones de inteligencia.

En 1982 realizó un curso de tres meses en la Escuela Mecánica de la Armada argentina. También es diplomado en Estado Mayor y tiene los cursos de Mando de Tropas de Montaña y Profesor de Eduación Física.

Adscrito al IEEE

Desde enero de este año, el coronel está destinado en el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) dependiente de la Dirección General de Política de Defensa. El IEEE es el organismo encargado de promover y fomentar la conciencia nacional y la cultura de Defensa en la sociedad española. Fuentes del ministerio defendieron ayer la inocencia del coronel, argumentando que su talante no encaja con prácticas como la tortura y el secuestro y que no es verosímil que durante su corta estancia en Argentina pudiera tener conocimiento y menos participar en estas actividades. Admitieron, sin embargo, que resulta chocante que una democracia como era España en 1982 enviase a sus militares a recibir formación en una dictadura como Argentina.No fue posible obtener Id' versión del propio interesado, ya que éste alegó que no tenía autorización de sus superiores para efectuar declaraciones. EL PAÍS intentó infructuosamente que dicha autórización le fuera concedida.

Por otra parte, Fernando Gallo, abogado del militar argentino Adolfo Scilingo, preso en la cárcel madrileña de Carabanchel por orden de Garzón desde el pasado 10 de octubre, presentó ayer un recurso en el que pide que se retire la fianza de cinco millones impuesta a su cliente para salir en libertad.

Insolvente

El abogado ha aportado diversos documentos para acreditar que el ex capitán "es totalmente insolvente" para pagar la fianza exigida y agrega que la adopción de otra medidas cautelares, como la prohibición de viajar al extranjero o la presentación semanal ante el juzgado, "garantizan la permanencia en España de Scilingo hasta la celebración, en su caso, del juicio oral", informa Europa Press.El abogado aprovecha su recurso para insistir en que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar los delitos de terrorismo y genocidio que se investigan en esta causa y recuerda que el fiscal ha planteado su falta de jurisdicción.Según el letrado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en 1976, establece que nadie puede ser condenado por un delito por el que ya haya sido juzgado con sentencia firme de acuerdo con las leyes de su país. Añade que Scilingo ya fue absuelto en Argentina, donde se le aplicó las leyes de punto final y obediencia debida. La eventual implicación de un español en la causa daría un vuelco a la situación, pues no se discute la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar delitos cometidos por españoles en el extranjero.