Una comisión para la impunidad televisiva
Conseguida la propiedad o usufructo de las principales cadenas de televisión, el objeto actual del Gobierno del PP es asegurarse la impunidad de los mensajes y contenidos audiovisuales. Un paso decisivo en esta dirección que ha pasado casi inadvertido para la opinión pública ha sido la reciente negativa del PP a la creación de un Consejo Superior de lo Audiovisual como autoridad independiente del Gobierno, tal como existe en toda la Europa comunitaria y que fue propuesto por el Senado en la legislatura pasada por acuerdo unánime de todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, con la finalidad principal de velar por la protección de los valores y derechos fundamentales de la persona en relación con los contenidos audiovisuales.Este claro incumplimiento parlamentario se intenta justificar y enmascarar anunciando, "como muestra de independencia gubernamental", que se otorgarán funciones de vigilancia de los contenidos audiovisuales a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a través de un comité que se creará al efecto. Es una propuesta esperpéntica y grotesca, y además muy grave desde el punto de vista jurídico y político, porque esta comisión no es independiente al estar integrada por miembros nombrados por el Gobierno y porque además su función es exclusivamente de carácter técnico y económico, tal como se señala en su Reglamento (artículo 4): "Para salvaguardar la competencia en el mercado y velar por la correcta formación de precios".
Es un sarcasmo que se intente dar competencias sobre temas que afectan a los derechos fundamentales, que por definición están fuera de todo mercado, a una comisión que se denomina "del mercado". En realidad, cualquier método es válido para un Gobierno obsesionado por la utilización partidista de los medios de comunicación. Recuérdese que hace un año, ante un panorama televisivo que todavía no dominaba, el nuevo secretario de Estado de Comunicacion, Miguel Ángel Rodríguez, tenía preparada una regulación jurídica taxativa de los contenidos audiovisuales, incluyendo la definición de noticias de interés general y la obligatoriedad de su difusión. Hoy las cosas han cambiado. Con el poder mayoritario en los medios de comunicación, el PP no necesita ya regular los contenidos audiovisuales y mucho menos puede admitir un consejo independiente de vigilancia audiovisual.
La nueva etapa de la televisión digital llega a España con unos ciudadanos desprotegidos ante los continuos abusos audiovisuales, donde no se respeta la distinción entre información, opinión y publicidad, y donde se viola constantemente la normativa de la Directiva de Televisión Sin Fronteras. Muchos de los espacios de radio y televisión equipados con los tertulianos-paparrachi correspondientes se han convertido en lugares habituales de insultos, injurias y juicios paralelos. Para elevar las audiencias se ha llegado incluso a proponer la compra de testimonios televisivos de grupos de personas relacionados con los temas más morbosos (ejemplo último, el caso Arny).
Los espacios informativos se utilizan para la manipulación política. Buena muestra son los telediarios de TVE, que se han convertido en un nuevo Nodo. Lo mismo ocurre en la mayoría de las televisiones autonómicas; en algunas, como el caso del Canal 9 valenciano, ante la protesta inútil del Comité de Redacción. Sin la existencia de una autoridad independiente audiovisual, que ha sido también propuesta por el defensor del Pueblo en su último informe al Parlamento, estas situaciones de impunidad se multiplicarán en el futuro teniendo en cuenta los 20 canales de televisión de ámbito nacional anunciados por el ministro de Fomento para dentro de dos años, fecha en. que vencen las licencias vigentes de la televisión privada.
Mientras que en varios países europeos los consejos audiovisuales independientes para adaptarse a la nueva etapa digital están ampliando sus competencias a la ordenación de las telecomunicaciones, porque el tratamiento jurídico que se dé a los aspectos tecnológicos y económicos condiciona el producto final de los contenidos audiovisuales, en España el PP pretende que la ordenación de todo el sector audiovisual en todos los aspectos, incluidos los contenidos, quede fuera de la garantía de una autoridad independiente. Un mercado mediático sin la garantía del respeto de valores y derechos fundamentales no es libre sino un mero instrumento de poder económico y político con consecuencias gravísimas para el desarrollo de la democracia ypara la formación y la cultura de la mayoría de los ciudadanos que son espectadores audiovisuales de televisión con una media de consumo de más de tres horas diarias.
Por eso, la decisión del Gobierno no debe ser asumida pasivamente. Su negativa a la creación de una Comisión del Consejo Superior de lo Audiovisual no debe considerarse inamovible. Curiosamente, el PP impuso su posición en el Senado, donde posee mayoría absoluta frente a la posición minoritaria del PSOE, IU y CiU. Si estos partidos son consecuentes deberían tomar urgentemente iniciativas legislativas comunes en el Congreso de los Diputados, donde tienen mayoría frente al PP, sin renunciar tampoco a solicitar la retirada de sus representantes en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, órgano que en su día apoyaron equivocadamente, por asegurarse su cuota de representación partidista, pero que hoy, dada la extralimitación de sus contenidos, no tiene ya ninguna justificación seguir manteniendo.
Frente a la actitud del PP, que ha puesto en evidencia que reduce los medios de comunicación a meros instrumentos de mercado, dinero y poder, los partidos de izquierda PSOE e IU deben demostrar con hechos que defienden una autoridad independiente que garantice en los medios audiovisuales el tratamiento de la información como un derecho fundamental al servicio de los ciudadanos porque las empresas informativas, sean públicas o privadas, son propietarias de los medios de comunicación pero no de la información, y CiU, por su parte, debería cooperar también "a dar la vuelta como un calcetín" a esta situación, como lo hizo en el asunto bochornoso de la negativa al asilo de refugiados. Al PP le queda también la posibilidad de confirmar que cuando rectifica acierta.
