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Editorial:

Misión ciclópea

EL JUEZ Garzón admitió a trámite en junio varias querellas por la desaparición de 297 ciudadanos de origen español en Argentina bajo la dictadura militar. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel fue uno de los promotores de esta iniciativa indagatoria por delitos de desapariciones, guerra sucia, torturas, genocidio, piratería, detenciones ilegales, etcétera. El magistrado solicita ahora que se le asignen siete policías y siete guardias civiles para investigar esos delitos y, como primera providencia, promueve una comisión rogatoria que tome declaración a un centenar de personas: a los expresidentes Videla y Galtieri, a otros generales -uno de ellos muerto y enterrado-, almirantes, mandos militares de diverso rango y a todos los médicos de la Escuela de Mecánica de la Armada.. Es imposible evitar cierta perplejidad ante la desmesura de las diligencias propuestas. Garzón solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores y a las autoridades argentinas informes sobre desaparecidos o asesinados en aquel país en el periodo 1976-1983, los procedimientos judiciales abiertos por tales hechos y todo cuanto sepan acerca de los campos de detención, secuestros y adopciones de hijos de las víctimas, eventuales cuentas secretas radicadas en Suiza, etcétera. ¿No es algo desmedido incluso para el incansable Garzón? Los desaparecidos en esos años fueron al menos 10.000, según -estableció una comisión presidida por el escritor Ernesto Sábato. Algunos de los responsables, Videla entre ellos, fueron condenados e indultados después. Una ley depunto final decidió que no habría, más procesos, aunque aparecieran nuevas evidencias.

Esta ley, duramente criticada dentro y fuera de Argentina, no afecta desde luego a la justicia española, que tiene base legítima para actuar. Pero ¿no es algo excesivo que un juez español replantee ahora, 20 años después, todo el proceso de la dictadura argentina? ¿No sería más efectivo, claro que menos espectacular, empezar por casos concretos ya conocidos? La justicia francesa condenó en rebeldía al capitán Astiz, pero lo hizo a partir de una acusación específica y con el apoyo de pruebas testimoniales, sin proponerse un juicio universal. Jueces suecos e italianos han abierto también procesos. Pero nadie se atrevió a tanto. ¿No convendría que Garzón se asegurara de la viabilidad de esas diligencias antes de movilizar los recursos que solicita para su ciclópea misión?

Las dudas surgen a la vista de algunos antecedentes. Este mismo juez pidió a la Telefónica, en junio del año pasado, el listado de las llamadas hechas desde 127 teléfonos del Ministerío del Interior entre los años 1983 y 1994. En otras profesiones se exige valorar la viabilidad de aquello que se propone. La tendencia a confundir los golpes de efecto con el celo profesional es especialmente lamentable cuando afecta a la magistratura.

El auto de Garzón sobre la negativa del Gobierno a desclasificar los papeles del Cesid es también más teatral que efectivo. El juez no puede utilizar esos papeles como prueba, pero puede y debe indagar por otras vías los hechos a que hacen referencia. Lo que no se sostiene es el empeño, compartido con Gómez de Liaño, por insistir siempre en la desclasificación, negada por el Gobierno y contra la que ya se ha presentado un recurso contencioso-administrativo por parte del abogado Iruin en nombre de los familiares de Lasa y Zabala. Ése es el camino a seguir en un Estado de derecho.

Gómez de Liaño anuncia que citará como testigos a los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, poniéndoles en el brete de desvelar lo que están obligados a callar. Garzón hace por su parte una apelación universal para que acudan a su juzgado cuantos "funcionarios, parlamentarios, jueces y personas en general" puedan conocer el contenido de los papeles del Cesid, haciéndoles creer que ello no implicaría incurrir en delito de revelación de secretos. Son estrategias envolventes que, sin cuestionar directamente la decisión del Gobierno, buscan dejarla sin efecto para autentificar las presuntas copias sustraídas por el coronel Perote y poder articularlas como pruebas procesalmente válidas ante los tribunales.

Garzón alega ahora que la negativa del Gobierno sólo afecta al soporte material de esos documentos y no a su contenido, porque de no ser así el Gobierno podría ser acusado de encubrir delitos. ¿Pero está Garzón en condiciones de asegurar sin lugar a dudas que esos documentos prueban la comisión de delitos? Es posible en todo caso que lo que cree Garzón no lo crea el Gobierno ni los diputados que tuvieron conocimiento en su momento de los papeles del Cesid. Con esa distinción formalista digna del teólogo escolástico Duns Scoto, llamado el doctor sutil, Garzón pretende transmitir a los funcionarios del Cesid y a otras personas conocedoras del contenido de los famosos papeles el mensaje de que no delinquen si comunican lo que saben al juez. Es una distinción pueril, equivalente a la mentira piadosa del fraile, porque es evidente que la reserva afecta al contenido, cualquiera que sea su soporte material. Pero sirve para mantener el pulso entablado con el Gobierno. Y puestos ya a desvelar tramas de guerra sucia, nada mejor que ampliar el campo de acción a Argentina. Ahora sí que se ha asegurado tarea hasta el año 2015.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de septiembre de 1996