Garzón abre un proceso a la dictadura militar argentina por la guerra sucia

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido extender sus investigaciones sobre la guerra sucia hasta Argentina. Ayer dictó un auto con el que cruza el Atlántico y pone en marcha un proceso universal contra los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. El juez, en una resolución que todas las fuentes consultadas creen con pocas posibilidades de prosperar, se propone depurar responsabilidades por la desaparición de unos 300 ciudadanos de origen español. Para ello pretende interrogar a decenas de generales y otros altos cargos militares, entre ellos a los ex presidentes Videla y Galtieri.

Además de a Jorge Rafael Videla, general que derrocó a la presidenta Isabel Perón e inició la etapa más sombría de la reciente historia argentina, y del ex presidente Leopoldo Galtieri, Garzón citó ayer como imputados a otros 99 militares, policías y médicos presuntamente implicados en la desaparición o asesinato de ciudadanos españoles o de origen español. Entre los citados figuran varios miembros de las tres juntas militares argentinas, como el general Reynaldo Benito Bignone, el brigadier Basilio Lami Dozzo o el almirante Emilio Eduardo Massera. Todos ellos fueron juzgados, condenados e indultados por la justicia argentina. La lista de imputados incluye al ya fallecido general de división Suárez Mason.El magistrado, que les investiga por delitos de genocidio y terrorismo, les requiere para que contesten si se trasladan a España para declarar como querellados-imputados y, en caso negativo, que sean los jueces argentinos quienes les tomen declaración. Garzón anuncia que, cuando conozca esas declaraciones, decidirá "si procede librar órdenes de detención".

Lo que sí ha decidido ya Garzón es enviar una comisión rogatoria a Suiza para intentar que se bloqueen las cuentas que pudieran tener allí los procesados. Además, solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores y a los jueces argentinos toda la documentación que posean sobre españoles asesinados.

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