El Senado hace concesiones a las multinacionales, en la ley de Propiedad Intelectual

Rara vez una ley que rija el ámbito cultural habrá vivido situaciones tan rocambolescas e imprevistas como le sucedió ayer en el Senado a la de Propiedad Intelectual: esta vez se hablaba de dinero. El texto fue aprobado con los votos de socialistas y nacionalistas vascos, tras cuatro horas de continuos vaivenes de enmiendas y continuas consultas, que afectaron a otros dos grupos: el Mixto y el Catalán. El suspense se resolvió con dos medidas que rebajan el proyecto de ley inicial y favorecen a las multinacionales del sector de fabricantes audiovisuales.

Tras más de cuatro horas de sesión, las modificaciones de la ley aceptadas por la mayoría socialista fueron: el recorte de un 25% sobre el canon que percibirán los autores por fotocopias (ver EL PAÍS de ayer) y la elimimación de cualquier cantidad preestablecida en concepto de atrasos que los fabricantes e importadores españoles deben pagar a las entidades de gestión de creadores y artistas, desde 1989. Éste último punto es el de mayor importancia, puesto que, en una primera redacción, la ley preveía una cantidad cercana a los 20.000 millones de pesetas, mientras que ahora la cifra queda sometida a lo que negocien ambas partes."En la tramitación parlamentarla de esta ley ha habido muchas presiones tanto de las multinacionales, como de las sociedades de autores"", manifestó el portavoz del Grupo Catalán (ClU), Joaquim Ferrer. Prueba de este tira y afloja entre ambas partes se vio en los intentos hasta última hora de suprimir los citados atrasos de 20.000 millones. Josep María Bertran, senador de CIU, explicó que su propio grupo había condicionado el apoyo a la ley a la supresión del pago de estos atrasos.

Eso no se produjo. Y se dio la paradoja de ver al grupo Socialista y al Mixto (CDS) apoyando una enmienda transaccional, con texto redactado por CIU, cuyos senadores -contrariados por la no supresión de la deuda- votaron en contra. Esa era la enmienda que reducía las cantidades a percibir por los autores en canon de fotocopias.

Otra de las sorpresas de la mañana fue la unanimidad de todos los grupos de la Cámara en un asunto que se negoció sobre la marcha. El acuerdo consistió en la reforma del registro de entidades que agrupan a creadores y artistas, que ahora podrá ser gestionado por los gobiernos autónomos. Con ello, los socialistas han conseguido anular parcialmente los recursos de inconstitucionalidad que los ejecutivos vasco y catalán habían presentado contra el texto original de la ley en 1988.

Al finalizar los debates, el ministro de Cultura, Jordi Solé Tura, no ocultaba su satisfacción en los pasillos del Senado por este texto que, según afirmó, no sufrirá nuevos cambios en su pendiente y reglamentaria aprobación por el Congreso de los Diputados. "Estarnos en la media comunitaria y es falso que aquí se disparen las cantidades que van a percibir los autores", dijo el ministro en respuesta a las críticas que las empresas multinacionales han realizado a la ley. El total anual que fabricantes e importadores deberán abonar a los autores se estima en 7.000 millones de pesetas.