Principio de acuerdo para indemnizar a los afectados de Alcalá 20 antes del juicio
Los familiares de las víctimas y los afectados por el incendio de la discoteca Alcalá 20 serán indemnizados por el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid antes de que se celebre el juicio por ese siniestro, ocurrido el 17 de diciembre de 1983, según aseguró ayer el ahogado de 54 de los 110 perjudicados, Antonio García Pablos.El letrado precisó, tras la reunión que celebró con el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Víctor Moreno Catena, que la cuantía global de las indemnizaciones puede superar los 1.200 millones de pesetas. Los famillares de cada fallecido en el incendio de Alcalá 20 recibirán 15 millones de pesetas, y los afectados por incapacidades físicas a consecuencia del siniestro podrían percibir hasta 90 millones de pesetas por caso. Las reparaciones económicas, en las que participará también el Ayuntamiento de Madrid, serán entregadas antes de que se celebre el juicio por el siniestro.
García Pablos subrayó que el actual equino de gobierno del Ayuntamiento de Madrid se ha mostrado dispuesto a contribuir a las indemninzaciones, en la línea de lo anunciado el pasado mes de mayo por el anterior teniente de alcalde, el socialista Luis Larroque.
Sin embargo, de las 81 víctimas mortales y 29 lesionados en el incendio, tan sólo 58 personas cuentan con asistencia jurídica, por lo que García Pablos anunció que se va a contactar con el resto de los afectados. Esta medida permitirá unificar el trámite procesal de calificación ante la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, para agilizar el procedimiento judicial.
El secretario general técnico de Interior, Víctor Moreno, declaró a la agencia Europa Press que pedirá con urgencia el dictamen preceptivo del Consejo de Estado para que puedan resolverse las indemnizaciones antes de un mes.
García Pablos considera que el acuerdo sobre indemnizaciones en el caso de Alcalá 20 permitirá la retirada de las acusaciones particulares al aceptar la Administración su responsabilidad civil por el mal funcionamiento de los servicios públicos.
A juicio del letrado, tanto el Ayuntamiento de Madrid como las fuerzas policiales dependientes del Ministerio del Interior tenían el deber de vigilar las infracciones en la discoteca Alcalá 20.
