El responsable de los GAL en Francia será defendido por la asociación Legítima Defensa

El abogado francés Henri-René Garaud, de 62 años, vicepresidente de la asociación Legítima Defensa, se ha hecho cargo del caso de Christian Hitier, el hombre de Amedo en Francia, detenido en la prisión de Tarbes por sus supuestas implicaciones en la trama de los GAL. El nombramiento de Garaud no ha pasado inadvertido en medios jurídicos, ya que supone la politización de la defensa del dirigente de los GAL a partir de los postulados de la organización.

Legítima Defensa es una organización altruista, teóricamente apolítica, pero en la práctica y en sus planteamientos ideológicos vinculada a la extrema derecha, especialmente al Frente Nacional que preside Jean-Marie le Pen. Legítima Defensa está especializada en la defensa de aquéllos que infringen la ley al oponerse de forma violenta a los ataques del terrorismo o de la delincuencia común.Esta organización exige en sus postulados la "represión enérgica del crimen", el restablecimiento de la pena de muerte y el cumplimiento efectivo de las cadenas perpetuas. Legítima Defensa se presentó en París a las elecciones municipales de 1982 y asegura que el almirante Philippe De Gaulle, hijo del fundador de la V República es uno de sus miembros.

Sindicato del miedo

Legítima Defensa, que ha sido calificada como el "sindicato del miedo", fue creada en París hace 10 años y cuenta en la actualidad con 150.000 adheridos, que cotizan un mínimo de 50 francos franceses (1.000 pesetas) anuales. Posee muy pocas subvenciones oficiales -de 11 ayuntamientos-, aunque cuenta con una ayuda simbólica de 5.000 francos (100.000 pesetas) que le aporta el Ayuntamiento de París, a cuyo frente se halla el neogaullista Jacques Chirac. En esta asociación se reciben anualmente cerca de 100 peticiones de asistencia, de las que se acepta un 95%, según aseguró un portavoz de la entidad. En la actualidad Legítima Defensa protege y ayuda a seis niños que han quedado huérfanos al ser asesinados sus padres en actos de violencia ciudadana.

La asociación publica perió dicamente. un boletín titulado Legítima Defensa y tiene como emblema un erizo. Su gran lema es "al servicio de la gente honesta", y asegura que está abierta a todos "sin distinción de raza, color o religión".

Legítima Defensa ha defendido durante los últimos años a numerosos agentes del orden público que fueron procesados por disparar contra delincuentes, a pequeños comerciantes que llegaron hasta "las últimas consecuencias" para proteger sus propiedades o a los familiares de funcionarios asesinados. Se persona en las causas criminales, ejere las acciones civiles y reclama el importe de las indemnizaciones.

Uno de los casos más espectaculares defendidos por la organización fue el procedimiento criminal instruido contra el propietario de un garaje, quien, cansado de los robos que sufría reiteradamente, adosó una bomba en la radio de un coche, que causó la muerte de un hombre cuando pretendía sustraerlo. Garaud logró su absolución. Hace dos años este mismo letrado asumió la defensa de un policía del departamento de Va¡ de Marne que disparó con tra un motorista, provocándole la muerte.

Juristas y ex policías

El responsable y fundador de Legítima Defensa es François Romerio, de 79 años de edad un antiguo magistrado que durante 10 años presidió la Cour de Súrété de l'État, el mismo tribunal que en 1963 condenó a Hitier a 20 años de prisión por delitos terroristas cuando militaba en la OAS.

Con la ayuda de Garaud, Romerio ha estructurado un competente gabinete jurídico que viaja por toda Francia, respondiendo a cualquier llamada de ayuda. Al frente de Legítima Defensa se encuentran también numerosos juristas y ex policías.

La sede de Legítima Defensa se encuentra en unos bajos de la calle Guenot, en el distrito XI de París. Es un despacho minúsculo, decorado hasta el techo con recortes de periódicos y anuncios de artefactos autodefensivos. El local ha sido destrozado en dos ocasiones en los últimos años como consecuencia de sendos atentados terroristas, perpetrado uno de ellos con una bomba. Esta acción fue reivindicada por un grupo de activistas de color que se oponen a la política de discriminaciones raciales.

El portavoz y tesorero de la entidad es Max Florentin, uno de los fundadores de la Internacional de la Policía, que ha trabajado durante más de 30 años en el Cuerpo de Seguridad del Estado. Florentin asegura que matar para defender la vida es "absolutamente legítimo", y para confirmarlo saca su pistola de un cajón y la coloca encima de la mesa.