La intelectualidad de Estonia denuncia el centralismo político soviético y pide autonomía para su república

Siete asociaciones profesionales de la intelectualidad de Estonia han denunciado el centralismo político soviético y han reclamado una autonomía sin precedentes para su república en el marco de la URSS. En dos documentos concisos y sin retórica dirigidos a las autoridades comunistas y a la próxima conferencia del partido comunista (PCUS) los intelectuales estonianos han expuesto una amplia serie de reivindicaciones que incluye una precisión legal del derecho de soberanía republicana, contemplado de forma abstracta en la Constitución soviética. Asimismo, se pronuncian por una reforma radical en la estructura del poder que transfiera plenas competencias económicas, culturales y políticas desde Moscú a Estonia.

Los documentos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, constituyen la plataforma nacionalista más elaborada con la que se enfrenta la dirección soviética de Mijail Gorbachov. Detrás de ellos, se encuentran las asociaciones oficiales de arquitectos, periodistas, cineastas, compositores, escritores, trabajadores del teatro y artistas de la República de Estonia, que fue incorporada a la URSS en 1940 tras ser un Estado independiente durante dos décadas.Sovietskaya Estonia, el periódico en lengua rusa del partido comunista estoniano, publicó un resumen dulcificado de los documentos el 8 de abril. Los textos habían sido aprobados unos días antes en un pleno conjunto de la dirección de las asociaciones profesionales artísticas estonianas. El Pleno duró 20 horas, transcurridas "en un ambiente de discusión abierta y emocionante", según uno de los asistentes. Estonia (el 0,2% del territorio de la URSS) tiene una población de 1,6 millones de habitantes, el 61,3% de los cuales es estonianos y el resto procede, sobre todo, de una fuerte inmigración económica rusa. La prosperidad económica de Estonia y el desarrollo de una industria administrada desde Moscú han atraído a la República a habitantes de las vecinas y más pobres regiones de Rusia.

La nación estoniana está amenazada por una "crisis demográfica" y se encuentra en "estado de depresión", advertían los intelectuales a la dirección comunista, a la que instaban a elaborar medidas "más radicales para conseguir un saldo negativo" en la inmigración Las empresas estatales emplazadas en Estonia pagan una cierta cantidad (en el caso de Tallin, la capital, 16.000 rublos) por cada nuevo trabajador importado a la República.

Las asociaciones profesionales estonianas quieren cambios en la Constitución soviética y en la de Estonia que aseguren autonomía económica y cultural y el derecho de decidir su propio destino. Estos cambios deben recortar también el poder de los órganos centrales en Moscú para tomar decisiones que afecten al territorio estoniano. Además, solicitan la promulgación de una ley sobre el federalismo que determine las competencias de los órganos de poder y asegure la paridad de las Repúblicas en la formación de estos órganos y en la toma de decisiones estatales. Las Repúblicas, dicen, deben también estar representadas en la política internacional de la URSS.

La descentralización económica propuesta debe dar prioridad a los organismos territoriales. Las relaciones entre las repúblicas soviéticas deben estar basadas en los principios del "intercambio mutuamente ventajoso" y Estonia debe ser declarada "zona económica especial" totalmente autogestionada a partir de 1991, según las propuestas realizadas. Los intelectuales denuncian la burocracia del aparato de poder central y local. Las instituciones estatales, dicen, causan pérdidas económicas a Estonia, fomentan la inmigración incontrolada y crean industrias de dependencia estatal que no tienen en cuenta los intereses de Estonia y amenazan con la "catástrofe ecológica".

La burocracia local, por su parte, se defiende, según los intelectuales, acusando de separatismo a quienes la critican y desinformando a la opinión pública con la excusa de la "propaganda exterior".

Contra el jefe del partido

Los intelectuales expresaron su insatisfacción con la gestión del jefe del partido comunista estoniano, K. Vaino, y el presidente del Consejo de Ministros, B. Saul.Los documentos solicitan publicar la lista completa de los represaliados por Stalin desde 1941, erigirles un monumento y crear un control social real sobre la Policía para evitar actividades provocadoras y peligrosas. Los firmantes piden también que cese la utilización del papel y la tipografía de la República para editar libros en ruso destinados al comercio estatal y que se impriman más libros en estoniano.