La polémica sobre el asalto al Palacio de Justicia
La actuación del presidente de Colombia, Belisario Betancur, en el desenlace de la ocupación del Palacio de Justicia por parte de guerrilleros del izquierdista Movimiento 19 de Abril (M-19) es, al mes y medio de sucedidos los hechos, motivo de una encendida polémica en la que se cruzan todo tipo de acusaciones y se lanzan las más variadas hipótesis.En todos los círculos, menos en el Gobierno y Fuerzas Armadas, se da por sentado que el Ejército y la Policía lanzaran el ataque final contra los guerrilleros que ocupaban el Palacio sin el conocimiento previo del jefe del Estado. El mismo ministro de Interior, Jaime Castro, reconoció hace pocos días que "la acción armada comenzó sin aguardar la orden civil", aunque precisó que ello no significa que se hubiera actuado por encima de la autoridad del presidente.
Los combates en el Palacio de Justicia durante los pasados 6 y 7 de noviembre concluyeron con la muerte de 12 jueces, entre ellos el presdente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, 33 funcionarios del Poder Judicial, 35 guerrilleros del M-19, nueve miembros del Ejército y la policía, un número indeterminado de civiles. Además, ocho desaparecidos.
Los guerrilleros querían que se hicieran públicas las actas de la comisión de paz para que "se supiera que el Ejército fue quien violó los acuerdos de alto al fuego". Sin embargo nunca hubo negociación entre asaltantes y el Gobierno, concluyendo la ocupación con la recuperación del edificio por las fuerzas de seguridad, después de 27 horas de combate.
El ministro de Defensa, general Miguel Vega, fue tajante al asegurar ante el Parlamento que "no había nada que negociar con el M-19", y agregó: "¿qué podía negociar el presidente?". Sostuvo que el único objetivo de los guerrilleros era "dar muerte a los magistrados", negándose en todo momento a dialogar; para ello hubiera bastado "un trapo blanco atado a cualquier madera", indicó Vega. "Yo mismo dije en el consejo de ministros que no respondía si en el operativo había muertos", manifestó , aunque preciso , prometí disminuir los riesgos".
Las primeras teorías según las cuales el M-19 había actuado de acuerdo con narcotraficantes para impedir extradiciones a Estados Unidos, y que por eso quemaron los archivos, han sido desvirtuadas por los propios jueces supervivientes de la matanza. Los magistrados revelaron que sólo fueron pasto de las llamas cuatro o cinco expedientes de extradición, pero que, sin embargo, se destruyeron 1.200 casos de acusaciones al Ejército por torturas.
Lo que sigue siendo un misterio es la suerte de los guerrilleros que salieron con vida del palacio. El Ejército insiste en que no hubo supervivientes entre los asaltantes, pero la televisión mostró imágenes en las que se distinguían algunos insurgentes vivos una vez concluida la ocupación del edificio.
