Juzgados por asociación ilegal siete presuntos ex dirigentes del PCEi

Siete presuntos dirigentes del desaparecido Partido Comunista de España Internacional (PCE) fueron juzgados ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, acusados de los delitos de asociación ilícita, desórdenes públicos, manifestación ilegal y resistencia a la autoridad, por los que se solicita una pena total de 10 años y nueve meses de prisión. Para dos de los acusados, Inmaculada Gracia Monje y Rosaura Martínez Granero, el ministerio fiscal solicitó que se les impusiera un año de prisión por un supuesto delito de asociación ilícita. Para los otros acusados se pide, por este delito cuatro meses de arresto.

Los hechos juzgados ayer se remontan a 1978, época en la que el PCEi desarrollaba una importante actividad política en Cataluña, participando en numerosas movilizaciones, la mayor parte de las cuales tenía como escenario las Ramblas de Barcelona. Los desordenes públicos y los diversos atentados sufridos por establecimientos comerciales provocaron la queja del gremio de comerciantes y el inicio de una dura respuesta policial, que se centró en este partido no legalizado y en otros grupúsculos libertarios, que participaban en las movilizaciones.La acción policial culminó con la desarticulación del partido y la detención de los más importantes militantes de esta organización marxista-leninista. Fruto de la acción policial fue la instrucción de varios sumarios, entre los que se encontraba la causa que fue examinada ayer en la Audiencia de Barcelona y en la que fueron procesados Inmaculada Gracia, Rosaura Martínez Guerrero, Miguel Colomer, Nuria Asunción Margenat, Alberto Rubio, Vicente Antán y Angel Rangel.

Dos asociaciones paralelas

El ministerio fiscal aseguré ayer que el PCEi actuaba en Barcelona utilizando dos asociaciones paralelas, también ¡legales: la Asociación de Amistad Hispano-China y la Asociación de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui, de las que era presidenta Inmaculada Gracia. En opinión del ministerio público, desde esta organización se "propugnaba la derogación violenta del orden institucional vigente en España". Asimismo, según el ministerio público, esta organización reivindicaba "la destrucción de la integridad del territorio español, especialmente de las provincias insulares de Baleares y Canarias, cuya independencia política pretendían".En la vista de ayer el ministerio público no especificó los actos delictivos cometidos por los procesados. Aludió, de forma genérica, a "acciones que frecuentemente realizaban en lugares céntricos de la ciudad (... ), con ataques a las fuerzas de orden público y sus vehículos, roturas de escaparates, provocación de incendios y daños a los medios colectivos y privados de circulación urbana, inutilizando deliberadamente los autobuses con interrupción, más o menos larga, del tránsito rodado".

Los acusados negaron ayer su participación en estas movilizaciones, así como su militancia en el mencionado partido político. Tres de los acusados, propietarios de una librería, aseguraron que el material propagandístico que localizó la policía en su poder se encontraba en depósito, para ponerlo a la venta, al igual que otros libros y productos editoriales, sin que ello significara apoyo al PCEi. Los abogados defensores pidieron la absolución de los detenidos.

Los defensores de los acusados renunciaron, en la vista oral, a muchos de los testigos que habían reclamado, entre los que se encontraban el ex senador Lluís María, Xirinacs y los periodistas Fermín Bocos y Lluís María Bonet.