Grave conflicto en la sanidad asturiana por el despido de tres médicos del Hospital General acusados de vejar a una paciente
El caso de los tres médicos expulsados del Hospital General de Asturias bajo la acusación de vejación a una paciente y embriaguez durante el servicio, hechos que la Magistratura de Trabajo declaró posteriormente no probados, está originando un grave conflicto en la sanidad asturiana. Mientras casi la mitad de los facultativos del hospital eltán en huelga desde hace seis días para pedir la readmisión de sus compañeros, la Asociación Feminista de Asturias ha llenado de pintadas las calles de Oviedo pidiendo castigo para los violadores. Entretanto, colectivos profesionales y sindicales mantienen el más absoluto silencio.
El conflicto, que permanecía latente en los últimos meses después de que a finales de marzo trascendiera a la opinión pública lo ocurrido, se reavivó al hacerse pública, el pasado 15 de junio, la sentencia de la Magistratura de Trabajo número 2 de Oviedo, ante la que habíap recurrido el despido los tres médicos. El magistrado Tomás Maíllo declaró no probadas ninguna de las acusaciones que se imputaban a los facultativos y por tanto improcedentes los tres despidos.El fallo fue acogido con notable sorpresa en los ambientes de la Administración del Principado de Asturias, propietaria de este hospital público. Aquel mismo día, altos cargos del Gobierno regional expresaron en privado su estupor por el contenido de la sentencia, que un consejero del Principado llegó a calificar de "alucinante". No obstante, la Administración permaneció un par de días en silencio, tiempo que aprovecharon sus máximos responsables para decidirentre una de las dos opciones, planteadas en el propio fallo de la Magistratura: readmitir a los despedidos o abonarles una indemnización que, en el caso de mayor cuantía, ascendía a 190.755 pesetas.
La única opinión contraria a la resolución del magistrado fue expresada, el mismo 15 de junio, por la Asociación Feminista Asturiana (AFA), que a través de un comunicado expresaba su "desacuerdo con la sentencia", a la vez que pedía a la Consejería de Sanidad que recurriera el fallo y no readmitiera a los despedidos. Según la AFA, "este juicio y esta sentencia ponen de manifiesto que existe un menosprecio por lo que debería constituir el fondo del asunto: la agresión a una mujer, tratando, en cambio, de hacer pre valecer la opinión de las jerarquías y preservar su buen nombre. Las agresiones a las mujeres, un hecho tan cotidiano que hasta tiene cabida en un hospital público, parece no ser motivo suficiente que obligue a tomar las medidas que de raíz corten este tipo de conductas".
La Administración no cederá
La decisión de la Consejería de Sanidad, responsable directa de la gestión del hospital, fue anunciada muy pocas horas después, tras una entrevista celebrada por su titular, Juan Luis Rodríguez Vigil, con el consejero de la Presidencia del Principado, Bernardo Fernández: los médicos serían indemnizados y no readmitidos en el hospital mientras la Administración descartaba la posibilidad de recurrir el fallo por considerarla escasa mente viable.Rodríguez Vigil manifestó a EL PAÍS que la Administración del Principado "no ha hecho otra cosa que acatar la sentencia y elegir entre una de sus dos opciones legítimas. No tenemos ningún juicio de valor que hacer sobre el fallo, pero no consideramos oportuno readmitir a estos tres médicos, a la vista de los hechos y de las circunstancias que han rodeado este caso.
Hemos tomado este acuerdo porque nos parece que es el que mejor defiende los intereses del hospital", afirmó.
Médicos en huelga
Apenas fue conocida esta postura de la Consejería de Sanidad, la asamblea de médicos del hospital decidió iniciar una huelga indefinida el pasado viernes, 22 de junio, hasta que la Administración readmita a sus tres compañeros. El paro, que afecta a casi la mitad de la plantilla de médicos del hospital, está siendo secundado por algunos miembros del equipo directivo, pero básicamente por los internos y residentes (MIR), un total de 75 médicos de los 187 que tiene el centro. Los facultativos en huelga, que atienden sólo las urgencias y los servicios minimos, y que iniciaron el paro sin previo aviso, califican de "inadmisible la actitud de la Administración" y aluden "al grave perjuicio" que ocasiona- la decisión de la Consejería de Sanidad "a los afectados, especialmente a los MIR, que pierden toda posibilidad de concluir su formación como médicos especialistas". Acusan también a los responsables de la gestión del hospital de adoptar "una actitud intransigente y autoritaria".Entre tanto, el Colegio de Médicos de Asturias aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, a pesar de que el pasado 2 de abril nombré para el caso un instructor, que todavía no ha concluido el expediente. Ésto, sin embargo, no es anormal en opinión del presidente del colegio, Juan Manuel Junceda Avello, pues "si bien la justicia cuando no es rápida puede resultar menos eficaz, cuando se trata de cuestiones deontológicas, la rapidez pueder ser causa de errores. Nosotros, según los estatutos del colegio, tenemos un plazo de cuatro meses para pronunciarnos, aunque no creo que lo vayamos a agotar", manifestó Junceda Avello.
Silencio sindical
A lo largo de todo este proceso se han producido también, otros silencios muy significativos. Así, el comité de empresa, que de un total de 22 núembros cuenta con 18 militantes de sindicatos de izquierda (ocho de CC OO, ocho de UGT y dos de la Corriente de Izquierdas), no se ha pronunciado ni antes ni después de la sentencia. Según su secretario, el ugetista José Manuel Granda, quien advirtió a este periódico que hablaba a título personal, "el comité se va a pronunciar sobre lo sucedido, pero aún no lo ha hecho porque se trata de un asunto muy complejo, en el que concurren aspectos éticos y laborales", manifestó.Tampoco se ha pronunciado sobre lo ocurrido ningún sindicato, salvo CC OO, que lo hizo al principio del conflicto para lamentar la excesiva trascendencia pública que se le estaba dando. Por su parte, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Asturias, de carácter progresista e integrada en su totalidad por médicos, ha evitado también tomar posiciones.
