Reconvertir, pero ¿Cómo?

LA RECONVERSIÓN industrial, que será llevada a cabo por decreto-ley, era, un aspecto más de los proyectos que los frustrados intentos de concertación, como se llama ahora impropiamente al consenso, trataban de poner en marcha. Las esperanzas depositadas en un plan negociado a medio plazo, que sirviera de marco al programa de saneamiento y renovación que la estructura productiva española precisa, se han desvanecido, al menos temporalmente. Con la central sindical Comisiones Obreras (CC OO) excluida de la mesa de discusión, con una Unión General de Trabajadores (UGT) contraria al tratamiento dado a los excedentes de plantilla y con una patronal que negociaba con escepticismo únicamente sobre aspectos muy concretos, el acuerdo se hizo imposible. Esa ausencia de entendimiento comporta un alto riesgo, ya que la eficacia de la puesta en práctica de esas medidas habría requerido el respaldo del mayor número posible de agentes sociales y económicos. De otra forma resulta dudoso que, dada la situación de depresión aguda por la que atraviesa nuestro país, se pueda llevar a buen puerto el saneamiento industrial sin un cierto grado de paz social entre sindicatos y empresas.El ministro de Industria y Energía ha recordado que la reconversión debería haberse puesto en marcha el pasado mes de septiembre, pero que los propósitos del Gobierno de incluir esas medidas dentro del programa a medio plazo retrasaron la decisión. Esa voluntad gubernamental de negociar guarda escasa relación con el método elegido para buscar el acuerdo y con los resultados obtenidos. La reconversión había comenzado, de hecho, antes de la apertura de las conversaciones. El cierre de la cabecera de Sagunto es, junto con las intenciones públicamente anunciadas acerca de la construcción naval y los aceros especiales, un buen ejemplo de que el decreto-ley servirá para sancionar situaciones de hecho o, al menos, decisiones adoptadas de antemano, que no dejaban mucho margen para las propuestas de sindicatos y empresas. Paradójicamente, las decisiones sobre Altos Hornos del Mediterráneo (AHM), adoptadas tras muchas vacilaciones y pasos atrás" debidos principalmente a las presiones de los trabajadores saguntinos, tienen el carácter de firmes cuando todavía no han sido puestas en práctica. La rotundidad de las amenazas, promesas y determinaciones del Gobierno se quedó así en palabras.

La reconversión va destinada fundamentalmente a media docena de sectores de gran importancia desde un punto de vista estratégico, pero cuya participación en el producto industrial bruto (PIB) no supera el 15%. El decreto-ley confía exclusivamente a la Administración la decisión de declarar a un sector en reconversión, aunque abre la posibilidad de que las organizaciones sindicales o empresariales puedan proponer también esa medida. El texto no define exactamente los criterios que determinarán la inclusión de un sector o grupo de empresas en esos planes. La explicación de que la reconversión será llevada a cabo cuando un sector se encuentre en una situación de crisis de especial gravedad y su recuperación se considere de interés general es tan etérea que igual hubiera dado que no se dijera nada.

Aunque la reconversión encontrará sus principales fuentes de financiación en los recursos presupuestarios, ofrece ciertos peligros la fórmula de canalizar esos fondos a través de una sociedad de reconversión, formada por las empresas acogidas y en la que el Estado ejercerá el control decisivo. Podría ocurrir que las empresas en reconversión no se sintiesen responsables de un asunto en el que, al fin y al cabo, la Administración desempeña un papel predominante. Otros países no han elegido este modelo, en el que el Estado tiene abrumador protagonismo, sino que han optado por intercambiar las ventajas fiscales y financieras ofrecidas por la Administración a las empresas contra actuaciones específicas de sanea miento. Sorprende además que las comunidades autónomas hayan quedado excluidas de cualquier participación en la reconversión industrial.

Pero el verdadero peligro es que las ayudas financieras y tributarías asignadas a las reconversiones sirvan sólo para sanear grupos de empresas o sectores en dificultades y no contribuyan al tránsito de una economía arcaica e inviable a otra capaz de competir en el mercado internacional con nuevos productos y servicios. Aunque el decreto-ley define muy claramente el tipo de ayudas, no especifica las medidas concretas de saneamiento o reindustrialización, expuestas de forma bastante difusa. Otra cuestión polémica son los excedentes

de plantilla de las empresas a reconvertir. Desde un punto de vista sindical, resulta lógica la postura de las centrales, que tratan de asegurar la permanencia en su puesto de trabajo de los afectados mediante la suspensión temporal de sus contratos y su pase a los denominados fondos de promoción de empleo. Según los sindicatos, la fórmula obligaría a las empresas una vez- saneadas a recuperar su -excedente de plantilla y a crear empleo. Estos argumentos expresan la desconfianza de las centrales frente al proceso. En su opinión, la propuesta gubernamental de que sean rescindidos los contratos de los trabajadores que pasen al fondo citado podría orientar las operaciones de reconversión hacia un simple ajuste de las plantillas, sin contrapartidas. El Gobierno, por su parte, también parece instalado en una actitud de simétrico recelo. Su propósito de proceder al despido puede ser interpretado como una confesión implícita de su falta de confianza en que la reconversión produzca a medio plazo los puestos de trabajo suficientes para dar empleo a los trabajadores afectados. En esta tesitura, el Gobierno ha optado por retrasar la decisión. La nueva ronda de negociaciones para debatir' el tema corre el peligro de convertirse en un auténtico diálogo de sordos.Queda el espinoso problema del coste de la reconversión. Se habla de un billón de pesetas, esto es, aproximadamente, el 80% del actual déficit público, para financiar el conjunto de las operaciones proyectadas. Esas cifras significan, se mire por donde se mire, un impulso formidable al gasto público y, en consecuencia, la necesidad de buscar ingresos fiscales en otras fuentes productivas, que serán obligadas a pagar, en última instancia, la factura de la reconversión. El Gobierno hace bien en llamar a la solidaridad, y ésta es necesaria por parte de los sectores aún prósperos de nuestra economía. Pero no conviene abusar, si no se quiere producir un antagonismo de inevitables consecuencias políticas entre dos economías españolas: la reconvertida a través del Boletin Oficial del Estado y de los fondos presupuestarios y la que se enfrenta, sin apoyos y asumiendo plenamente los riesgos, con los problemas del mercado y los inspectores de Hacienda.