Mayor presión fiscal a costa del impuesto sobre la renta
Los retoques presupuestarios de última hora, consecuencia de distintos reajustes y de las conversaciones entre el Gobierno y las fuerzas sociales, elevarán los gastos del Estado para 1984 a unos 5,4 billones de pesetas (unos 300.000 millones más de la cifra barajada hace unas semanas). Este incremento del gasto no modificará, sin embargo, las previsiones del déficit, que se mantendrá en los límites del 5,5% del producto interior bruto (PIB) previsto para 1984.La imposibilidad de reducir a corto plazo el gasto público, que en muchos casos viene condicionado por las inversiones, obligará a incrementar la presión fiscal. Todo parece indicar que, dados los escasos frutos logrados en la lucha contra el fraude fiscal y las dificultades para obtener un sustancial aumento de ingresos procedentes de otros tributos, se procederá a una nueva revisión de las tarifas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). No ha trascendido tampoco, hasta el momento, qué cantidades se asignan dentro del proyecto de Presupuestos para Rumasa, autopistas, y los déficit acumulados a lo largo del presente ejercicio por Seguridad Social, Renfe, Iberia, Enagas y otras empresas públicas.
Tampoco se conocen con detalle las trasferencias a las comunidades autónomas (hay un significativo silencio sobre estas complejas negociaciones entre representantes de los Gobiernos autónomos y del Gobierno central) ni las trasferencias presupuestarias a las corporaciones locales (éstas, según medios de la Administración, podrían reducir su participación con respecto a los Presupuestos de 1983).
Recuperar la inversión
La filosofía del proyecto de presupuestos, que responde lógicamente a la política económica que propugna el Gobierno en su plan a medio plazo 1984-1986, se centra en aligerar costes al empresariado para favorecer una recuperación de las inversiones. En función de ello, y a cambio de contrapartidas sociales como son una mayor dotación al desempleo y el objetivo de crear puestos de trabajo, se plantea una disminución del poder adquisitivo de los asalariados, mayor carga fiscal sobre las rentas procedentes de nóminas (revisión del IRPF), y se mantienen las contribuciones de los trabajadores a la Seguridad Social, mientras que aumenta la contribución del Estado para reducir las cuotas empresariales.Todas estas medidas a favor del empresariado suponen no sólo un sacrificio directo de los asalariados (que ven reducido su poder adquisitivo), sino también un sacrificio indirecto de todos los contribuyentes, ya que el sector público asume mayores cargas (caso de la Seguridad Social).
La patronal, sin embargo, critica el aumento del gasto público y aplaude la inversión, según fuentes de la Administración, sin discernir que todo gasto no es necesariamente malo, ni toda inversión es necesariamente buena.
