El general Pinochet confirma su propósito de permanecer seis años más en el poder

Viene de la primera páginaLos embajadores de España, Miguel Solano, y de los 10 países miembros de la Comunidad Económica Europa (CEE), no asistieron al acto conmemorativo que se celebró ante 3.000 personas invitadas.

En tono monótono, el jefe del Estado chileno anunció algunas novedades en materia económica que no cambian sustancialmnente la política seguida hasta ahora pero que pretenden aliviar la situación de algunas empresas y particulares. Concretamente, el Gobierno disminuirá los impuestos de los mineros artesanales, facilitará la obtención de créditos a los pequeños empresarios, ayudará a los exportadores concediendo exoneraciones fiscales y aumentará, dentro de cuatro meses, en un 15% los sueldos de los funcionarios públicos.

Desde primera hora de la mañana de ayer, Santiago de Chile retumbaba al son de las marchas militares que tocaban, bajo el sol aún frío del final del invierno astral, las bandas de música de los destacamentos de los tres ejércitos -que alinearon unos 5.000 soldados a lo largo de los dos kilómetros de recorrido presidencial, desde el palacio de La Moneda hasta el edificio del Gobierno, donde Pinochet pronunció su alocución.

Pero, si los uniformes engalardonados eran numerosos en la calle, el público brillaba por su ausencia, a pesar de que las emisoras de radio y televisión del país hayan trasmitido constantemente cuñas propagandísticas pidiendo a los chilenos que acompañasen a su presidente en el décimo aniversario de la "liberación nacional".

Menos de 4.000 personas se agruparon a lo largo de La Alameda, la principal avenida de Santiago, para ver a su presidente; y sólo un reducido grupo de tres centenares de entusiastas partidarios del régimen militar gritó, cuando bajó de su automóvil, consignas robadas a la Unidad Popular como "dales duro Pinochet" o "la Junta unida, jamás será vencida".

Horas antes de que se iniciase esta ceremonia conmemorativa, en la tarde del sábado -la madrugada del domingo en España-, 25.000 chilenos de la población periféríca del barrio de la Victoria no dudaron en desplazarse, en cambio, hasta el cementerio metropolitano de Santiago para asistir al entierro de Miguel Ángel Zabala, joven de 23 años de edad, muerto por un grupo paramilitar el pasado jueves.

El cementerio se convirtió en un auténtico campo de batalla cuando, inesperadamente, cayeron granadas lacrimógenas que desataron las iras de los asistentes. Mientras el sacerdote francés que oficiaba, Pierre Dubois, se veía obligado a abreviar la ceremonia porque el aire era ya irrespirable en la zona, los carabineros cargaron con una inusitada violencia.

Periodista apaleada

Christine Raitberger, enviada especial del diario parisino Liberation, fue una de las numerosas víctimas de esa carga policial tras caer al suelo y ser golpeada siete veces en la cabeza por miembros de las fuerzas de orden público, que hicieron caso omiso de sus intentos de identificarse como periodista gritando "¡prensa extranjera!".

Raitberger, con el cráneo fracturado, fue ingresada en el hospital Barros Lucas, donde los médicos tardaron más de una hora en atenderla antes de reconocer la gravedad de su estado.

En otros suburbios populares de Santiago también se produjeron, por cuarto día consecutivo, enfrentamientos entre carabineros y manifestantes que, hasta altas horas de la madrugada, intentaron de nuevo impedir la entrada en sus poblaciones a las fuerzas de orden público construyendo barricadas y colocando púas en las calles.

Los choques manifestantes-policía se reanudaron, ayer a primera hora de la tarde con un saldo provisional de un muerto.

Coincidencia

Esto ocurrió a pesar de que la Alianza Democrática había querido evitar cualquier acción de protesta que, al coincidir con el aniversario der régimen militar, hubiese podido ser interpretada como una provocación.

Coincidiendo con este décimo aniversario del asalto al palacio de La Moneda, donde Allende intentó en vano oponer una resistencia armada a los golpistas, fue renovado ayer por un nuevo período de 6 meses "el estado de peligro en perturbación de la paz interior", que otorga al presidente facultades para ordenar detenciones y confinamientos o expulsar del país a quienes crea que atenten contra la paz interior.