El PNV se opuso a que la bandera de España ondee en los edificios del Gobierno autónomo
El Parlamento vasco aprobó ayer, con los votos del PNV, Euskadiko Ezkerra y CDS, una proposición no de ley en la que manifiesta su respeto a la legalidad vigente en materia de banderas, enseñas y símbolos y rechaza cualquier ultraje a los mismos, señalando también que el acatamiento debe producirse en un marco de prudencia política y de evitación de manipulaciones por parte de grupos radicales. Fueron rechazadas, sin embargo, las enmiendas en las que los socialistas pedían que la ikurriña y la bandera constitucional fueran colocadas en la sede del Parlamento vasco y en los edificios y establecimientos dependientes del Gobierno autónomo.
Al término de la sesión, los socialistas señalaron que, en su opinión, el debate se había desnaturalizado en la medida en que había girado más en torno a la actuación del Gobierno y de la Policía en Rentería que sobre el tema de la utilización de las banderas. "Una vez más, los nacionalistas no han querido mojarse y no se han mojado", señaló Juan Manuel Eguiagaray (PSOE).El portavoz nacionalista, José Antonio Rubalcaba, explicaba el voto en contra del PNV a la propuesta del PSOE de colocar las banderas, manifestando que "nuestro voto a favor habría significado la aceptación de la acusación de los socialistas de que todo lo que está ocurriendo es culpa del Gobierno vasco, que no coloca las banderas en los edificios públicos, y eso no es cierto". "Lo que ha pasado", señaló Rubalcaba, "es que FIB ha tendido una trampa en la que el PSOE ha caído de lleno y de la que ahora no sabe cómo salir".
Florencio Aróstegui, portavoz del grupo mixto, que había presentado la primitiva proposición, que luego sería derrotada, dijo que "el PNV no puede ni por acción ni por omisión, empujar el carro de los fascistas y convertir las locuras de una minoría en un problema generalizado", y señaló al término del debate que su esperanza de que la discusión parlamentaria fuera esclarecedora, se había frustrado.
Tanto el PNV como EE aludieron a la necesidad de actuar con prudencia política, insistiendo en que no se puede hacer cumplir la legalidad a costa de actuaciones como la del alcalde socialista y el gobierno civil en Rentería. Esta misma vino a ser la postura defendida por Jesús María Viana, que acusó a los socialistas de ser "el grupo que más vísceras le ha hecho al asunto". Enrique Casas (PSOE) preguntó al PNV "si para arrancar algunos votos a HB merece la pena llevar a este país a una situación de tensión y desestabilización que puede volverse incontrolable".
