Los bajos fondos de la policía política salazarista

A pesar de tratarse de un cuerpo muerto, a pesar del polvo que ocho años de inactividad han acumulado ya sobre toneladas de documentos, apretujados sobre kilómetros de estanterías y en centenares de cajones, el paseo por estos archivos resulta escalofriante. Tal vez más escolofriante que los relatos de los presos políticos que pasaron por las manos de la siniestra PIDE (Policía Internacional y de Defensa del Estado) y que hablan de torturas, de la estatua, de días y semanas sin dormir, de torturadores y asesinos profesionales que trabajaron al servicio de la PIDE, personajes éstos que disfrutan hoy, en el sosiego del anonimato, de su estatuto de funcionarios del Estado, activos o no.Desde la creación, en 1930, de la PIDE, reconvertida por Marcelo Caetano en los años sesenta en DGS (Dirección General de Seguridad), millares de funcionarios, burócratas meticulosos, han recopilado en pequeñas fichas todos los datos que llegaron a su conocimiento sobre la vida política, profesional y privada de centenares de miles de conciudadanos.

Al contrario de lo que la mayoría de los portugueses aún hoy imagina, no era necesario, para tener una ficha abierta en la PIDE, ser miembro del Partido Comunista, peligroso agitador político o intelectual ideológicamente hostil al Estado Novo. Bastaba pedir un empleo público, solicitar un pasaporte, formar parte de un colegio profesional o estar afiliado a una asociación estudiantil o de cualquier otro tipo, aun perfectamente legal, para pasar a los ficheros policiales.

En el fichero general de la PIDE constan cuatro millones de rectángulos de cartulina con los datos personales de individuos que, por una razón u otra, atrajeron sobre sí la atención de la omnipresente PIDE.

Una atención que no se relajaría nunca, gracias a la paciente y oscura labor de legiones de informadores dispuestos -en los barrios y en las aldeas, en los lugares de trabajo y en los de esparcimiento, en los establecimientos de enseñanza y en los cuarteles- a proporcionar problemas al prójimo a cambio de algunos (pocos) escudos.

El fichero con los nombres, direcciones y seudónimos de los informadores de la PIDE desapareció el 25 de abril de 1974. Uno de los últimos dirigentes de la corporación policial afirmó haberlo des truido personalmente antes de la caída de la sede de Lisboa en manos de los militares sublevados.

A medida que los datos recogidos configuraban con mayor nitidez el perfil de un activo o potencial adversario del régimen iban abriéndose nuevos expedientes en los archivos cada vez más selectivos de la PIDE: servicio de información, centro de investigación, gabinete técnico. Del gabinete técnico (GT) al tribunal especial (Tribunal Plenario), y de éste a la cárcel, la distancia era generalmente corta.

En el GT la PIDE organizaba los expedientes de los opositores políticos y de allí emanaban las órdenes de captura si el individuo no se encontraba ya en sus manos.

Continuación lógica de los archivos del GT son los gruesos registros, con lomo de tela, uno para cada año, donde otros funcionarios concienzudos caligrafiaron con esmero las biografías de los presos. Cada pie de página lleva una ilustración: la fotografía (frente, tres cuartos y perfil) del interesado, actualizada a cada nueva entrada en la cárcel. De 1933 a 1974 están registrados cerca de 30.000 detenidos, cuya reclusión varía entre algunas semanas y decenas de años.

Archivos paralelos

La comisión de extinción de la PIDE-DGS tiene bajo su custodia otros muchos archivos, no menos impresionantes.

La Legión Portuguesa (LP) -el equivalente de la Falange Española- tenía sus propios servicios de información, muchas veces más completos, eficaces y mejor dotados que los de la propia PIDE, cuyos dirigentes, a su vez, podían ser objeto de vigilancia por parte de la LP, al igual que los altos dignata rios del régimen o los grandes eni presarios.

En los archivos de la Legión figuran los ficheros (completos) de sus miembros, de sus informadores, de los individuos sometidos a control, de las organizaciones afiliadas, y un curioso inventario de los llamados hombres buenos, individuos que la LP consideraba como intelectual, política y moralmente aptos para el desempeño de importantes funciones.

Cuidadosamente fichados en archivos depositados en el reducto del Fuerte de Caixas, en los alrededores de Lisboa, antiguo presidio político que muchos quisieran convertir en museo de la represión, están también los miembros del partido único: la Unión Nacional de Antonio de Oliveira Salazar, la Acción Nacional Popular de Caetano (77.127 para la primera, 80.000 para su sucesora).

Del trabajo de estos inofensivos funcionarios resulta una enorme mole de papeles cuyo peso agobió, durante. cerca de medio siglo, a toda la población de un país, de varios países sí se quiere, ya que hay también archivos de la PIDE para cada una de las antiguas colonias portuguesas (261.000 expedientes individuales sólo para Angola). En total, decenas de metros cúbicos de documentos, toneladas y toneladas de informaciones sobre la vida diaria de las gentes.

Cuando visitábamos salas y pasillos silenciosos como los de un convento, fríos y tristes como los de viejos hospitales, los periodistas portugueses manifestaban un asombro creciente, una dolorosa incredulidad. Hubo momentos de emoción cuando algunos, a petición propia, vieron por primera vez su ficha y se sintieron, por unos instantes, agarrados de nuevo por la máquina tirituradora de la policía política.

Fantasmas del pasado

Por casualidad -el acceso a los expedientes está rigurosamente reservado-, un colega descubrió en su expediente una carta de una novia de sus tiempos de estudiante, carta que no llegó nunca a su destino, utilizada por la PIDE.

Naturalmente, todo esto era conocido, denunciado y forma parte de la historia negra de la dictadura portuguesa. Pero ver el resultado de tanto esfuerzo humano canalizado hacia la delación, la vigilancia, la represión, es otra cosa. Y los pocos periodistas extranjeros presentes, al comentar el carácter primitivo y artesanal de esta represión, pensaban en los fabulosos medios de control hoy día existentes gracias a la informática, a los microfilmes y a todos los medios de la técnica moderna audiovisual.

Podría temerse que estos documentos puedan alimentar, tras la revolución portuguesa de 1974, la saña vengativa de los vencedores. Algunos afirman que esto podía haber acontecido en 1974-1975 cuando la comisión de extinción de la PIDE estuvo bajo el control de los partidos políticos recién creados.

Ahora la comisión de extinción de la PIDE ha comenzado a estudiar, a petición del Consejo de la Revolución, la posible devolución de los expedientes personales a sus víctimas y sigue a una decisión parlamentaria de que tales archivos sean entregados a la Asamablea.

De algunos de los expedientes desaparecieron documentos comprometedores, por una u otra razón, para los actuales dirigentes portugueses, pero desde que el general Antonio Ramalho Eanes, entonces jefe del Estado Mayor, confió a las Fuerzas Armadas la custodia, y a la justicia militar la investigación de los archivos, no se tienen noticias de abusos ni violaciones del secreto.

Una ley de 1975 ordenó el castigo de todos los agentes de la PIDE-DGS, y a partir de documentos existentes se instruyeron los procesos judiciales. Las sentencias (véase cuadro) no parecen haber sido excesivas.