Bonn rechaza las críticas de Amnistía Internacional a la situación de los presos políticos
Los ministerios del Interior y Justicia de la República Federal de Alemania (RFA) y Amnistía Internacional (Al) no coinciden en sus respectivos análisis sobre la situación de los reclusos que cumplen condenas en cárceles alemanas por actos de terrorismo o vinculaciones a organizaciones consideradas claramente anticonstitucionales. En total, son unos cien casos.Por otra parte, tampoco hay coincidencia de pareceres entre el abogado Klaus Croissant y el Gobierno federal sobre si en la RFA se aplica o no el berufswerbot, o prohibición del ejercicio profesional por, razones de índole política. El Tribunal de la Abogacía de Karlsruhe decidió ayer retirar a Croissant sus credenciales de ahogado.
Las faltas de coincidencia sobre la situación de algunos presos políticos han movido a algunos diarios alemanes a considerar difamado el buen nombre del sistema democrático de la RFA, sobre todo por parte de Al. Este organismo humanitario lamentaba estos días que el Gobierno federal se resistiese a una inspección de las cárceles de la RFA por una comisíón neutral, para comprobar si efectivamente el aislamiento de ciertos detenidos en sus celdas es tal que viola algún que otro derecho humano.
El diario Mannheimer Morgen comentaba ayer que Al debe tener bien claro que con sus atribuciones está fomentando aversiones y prejuicios latentes contra la RFA. El mismo periódico advertía que con las observaciones de Al podría pensarse que la RFA es una especie de República de Bananas en el corazón de Europa. El Ministerio del Interior, por su parte, ha replicado a Al que en este país las leyes responden a una constitución democrática que obliga a aplicar a los presos un trato humanitario.
En lo que Al y el Gobierno de Bonn tampoco están de acuerdo es en que, para la primera, la comisión europea de derechos humanos ha criticado el sistema penitenciario aplicado a condenados y presuntos militantes de la RAF, algunos de los cuales aparecieron ya muertos en sus celdas, mientras que para el Gobierno la comisión no ha formulado reparo alguno al mismo sistema carcelario. El Ministerio del Interior no menciona para nada en su nota el aislamiento de los presos en las celdas.
El caso Croissant ofrece también caracteres contradictorios. Según el abogado, él se limitó en sus funciones profesionales a aliviar el aislamiento de sus defendidos, intercambiando impresiones de unos y otros. Según los poderes públicos, Croissant era en realidad un miembro activo en una organización terrorista. Para los jueces, esta decisión impide que, en lo sucesivo, pueda ser considerado jurista en ejercicio en la RFA.
