México quiere legalizar la oposición política
Por todo México las paredes se han llenado repentinamente de nombres desconocidos para la mayoría del público. Y dentro de algunas semanas, también súbitamente, los nombres volverán a la oscuridad, al tiempo que las paredes son blanqueadas y los carteles retirados.
Los nombres son de los candidatos al Congreso para las elecciones del primero de julio, para la renovación parcial del Parlamento. Pero es tan mínima la influencia del Congreso aquí que, aparte de un reducido círculo de políticos profesionales, el proceso electoral no crea mucho interés.Pero para el Gobierno del presidente José López-Portillo las elecciones son una importante prueba de una medida de liberalización. «Millones de dólares de fondo oficiales son entonces gastados en exhortar al pueblo a votar.»
La medida esencialmente comprende la legalización de tres partidos de oposición, incluyendo el Partido Comunista, que cuenta con sesenta años en México, y una ampliación de la Cámara de los Diputados, a fin de que al menos cien de sus cuatrocientos escaños puedan en el futuro ser llenados con parlamentarios de la oposición. Dicha representación en la Cámara se constituirá a través de un complicado sistema proporcional.
Además, todos los partidos están recibiendo tiempo en espacios de televisión, libre de costo para las transmisiones políticas y mano libre también para pegar carteles y posters y pintar los nombres y slogans propagandísticos en paredes y muros. Pero hasta ahora, aun con nuevos partidos izquierdistas que participan, la campaña parece haberse enfrentado contra la misma indiferencia pública que señaló las elecciones previas.
Según lo dicho por un analista, «los viejos partidos son conocidos y por eso no confían en ellos. Los nuevos partidos son desconocidos y por eso no confían en ellos tampoco».
La réplica apática, sin embargo, también refleja el peculiar sistema político mexicano, en el cual el poder está centrado en el despacho del presidente y ejercido por la burocracia política en tanto se han llevado a cabo enormes esfuerzos para preservar una estructura formalmente democrática.
A ese nivel formal, el país ha sido gobernado sin interrupción durante los últimos cincuenta años por el Partido Revolucionario Institucional, que ha aportado todos los presidentes, gobernadores de estado y senadores, así como una vasta mayoría de diputados.
Tres partidos más
Seis partidos de oposición -hasta hace poco sólo había tres- también están autorizados a participar en las elecciones.Debido a que las elecciones siempre han sido vistas como un medio de legitimar el poder de la élite política, el Gobierno, conocido aquí como PRI, ocasionalmente ha recurrido al fraude y la violencia para asegurarse su éxito en los comicios. Normalmente, empero, sus triunfos no han sido cuestionados.
Pero entre las elecciones, que tienen lugar cada seis años para elegir presidente, gobernadores de Estado y senadores, y cada tres años para la Cámara de Diputados, el ejecutivo domina totalmente, tanto la rama legislativa como la judicial del Gobierno, mientras que el Partido Revolucionario Institucional inverna hasta la próxima campaña.
Además, en razón de una regla constitucional contra la reelección -cualquier reelección en el caso de presidente e inmediata reelección en el caso de senadores y diputados- políticos de talento hallan las carreras de parlamentarios sin atractivo y, por ende, se vuelcan hacia la burocracia, donde una sucesión de nombramientos está virtualmente garantizada.
En vista de lo débil del Congreso, muchos mexicanos, por encima de las clases medias urbanas, no consideran las elecciones como vehículos potenciales para lograr cambios, dado que el emitir el voto es obligatorio por la Constitución, la mayoría de los mexicanos educados acuden a las urnas para evitar problemas cuando solicitan pasaporte o licencias, pero a menudo invalidan sus papeletas del voto.
Conocedor del creciente descontento, el Gobierno ha optado por la actual liberalización, tanto para canalizar la disensión junto a la línea institucional y para obligar al partido del Gobierno a ser más consecuente a la opinión pública.
