No se aplazarán las elecciones administrativas en Italia
Las elecciones administrativas, municipales y regionales del 6 al 13 de noviembre próximo, en que votarán cuatro millones de italianos, se celebrarán en la fecha prevista. El secretario de la Democracia Cristiana, Benigno Zaccagnini se ha roto un fémur, y la reunión del consejo nacional de su partido que tenía que pronunciarse sobre el problema ha sido aplazada hasta septiembre. Diputados y senadores democristianos, que ayer celebraron una reunión preparatoria, se han pronunciado unánimemente por el respeto de la fecha establecida. Lo mismo han hecho la mayoría de la dirección socialista, los socialdemocráticos y los liberales.Antes de que la Cámara de Diputados y el Senado se marchen de vacaciones, la comisión de veintidos diputados y senadores que durante once meses han indagado sobre cuánto ganan los italianos, ha publicado ayer su informe de 1.200 páginas, que constituirá sin duda alguna una excitante lectura de verano. Desde hace tiempo se venía hablando de la «jungla de los sueldos», de desequilibrios y privilegios como resultado de treinta años de mal gobierno, de corporativismo heredado y clientelismo político. Pero no se conocían las cifras exactas.
Ahora se sabe que los que más ganan en Italia son los empleados de bancos y de seguros, y los periodistas. Las empresas de participación estatal pagan mucho mejor que la industria y el comercio. La peor pagada es la agricultura. Otras conclusiones del informe son: no siempre el mejor sueldo corresponde al mayor grado de eficiencia ni de responsabilidad, sobre todo en la Administración Pública. En casi todos los sectores y categorías, las normas y capítulos salariales constituyen una selva más densa y oscura que la de Dante: indemnizaciones, pluses, facilidades, premios, servicios, premios de balance y de fidelidad, integraciones, etcétera. En una empresa de transportes municipalizada de Milán, un empleado de máxima categoría gana al año 1.700.000 pesetas, en Roma 1.300.000, en Turín 1. 100.000, y en Palermo 1.700.000.
La comisión parlamentaria ha señalado que muchos sueldos son de «tal importancia que no sejustifican con,las leyes del mercado, y están en contraste con la situación económica del país».
«¿A quién favorece en este, momento la denuncia del caos?», dicen que ha preguntado el presidente del Senado, Amintore Fanfáni. Los mismos ambientes de izquierda opinan que es necesario ir con pies de plomo. Los sindicatos evitan pronunciarse. La responsabilidad es, al parecer, de todos, entre otros del Gobierno, porque no ha coordinado nunca su legislación sobre el empleo público en las regiones y ayuntamientos, por haber abierto la mano sin atender a la eficacia de los sindicatos, y por no haber defendido una política salarial coherente. De los remedios no se sabe por ahora cuándo ni cómo se hablará.
