Los psicólogos, dispuestos a tomar medidas en favor de sus reivindicaciones
Los psicólogos del distrito de Madrid decidirán mañana, jueves, en el curso de una asamblea la postura de fuerza que debe acompañar las reivindicaciones profesionales que vienen realizando, sin ningún tipo de contestación oficial, desde hace cuatro años. Entre las medidas que se barajan se encuentran la realización de un encierro, una huelga de hambre o alguna manifestación corporativa, según han informado a EL PAIS fuentes cercanas a la Comisión Permanente de Psicólogos del Colegio de Doctores y Licenciados, que convoca la reunión.
La situación actual de los psicólogos españoles fue calificada de grave en el IV Simposio Profesional de Psicólogos que se celebró el pasado mes de abril en Valladolid. En dicha reunión nacional se plantearon los principales problemas que hoy acucian al psicólogo y se tomaron varios acuerdos.Entre los problemas, cabe destacar el elevado índice de paro, la carencia de un Estatuto jurídico, no contar con un colegio profesional propio que defienda sus derechos legítimos y, en general, el silencio sistemático que la Administración ha esgrimido ante sus demandas.
Los acuerdos del Simposio serán tratados en la reunión de mañana jueves. La asamblea decidirá los términos en que debe negociar la comisión que se creó en Valladolid y que estará compuesta por miembros de la Coordinadora Nacional de Psicólogos. Dichos puntos han sido centrados, fundamentalmente, en dos: necesidad de puestos de trabajo para los psicólogos, en su calidad de tales, y creación inmediata de un colegio profesional independiente, que defenderá el Estatuto jurídico de la profesión.
Población perjudicada
Este estado de cosas, según se afirmó en una nota pública en el mencionado Simposio, «causa, de hecho, un perjuicio a la población que se encuentra privada del derecho a una asistencia que debería ser protegida por el Estado». La población, en este sentido, no solo no recibe servicios psicológicos del, Estado, sino que se halla prácticamente desatendida en los diferentes niveles clínico, educativo, industrial o urbano, es decir, enfocada como componente de un hábitat concreto.Los indicadores sociales que pueden evidenciar la falta de una asistencia psicológica -y su necesidad- son muchos. El Anuario Estadístico de 1973 daba la cifra de 1.770 suicidios o intentos de suicidio durante ese año. La proporción de condenados en juzgados de instrucción, menores de veintiún años y mayores de quince, ha aumentado en un 11 por 100 entre 1956 y 1965, según datos del Informe Foessa. Si a estas cifras añadimos las de subnormalidad -infantil, calculadas en unos 400.000 niños, se evidencia la necesidad de servicios psicológicos que, actualmente, siente la sociedad española.
La alternativa psicológica
Todo parece indicar que la cobertura psicológica de la población española es deficiente en estos momentos. Existe una imposibilidad material de elección, ya que únicamente algunos centros privados -pocos y de limitadas actuaciones- se ocupan de atender las necesidades sociales. Esto, en los niveles educativo y clínico, conlleva la existencia de precios elevados de diagnóstico y tratamiento y, por tanto, sólo asequible a las clases elevadas.Frente a este concepto psicológico, las secciones de Psicología de los Colegios de Doctores y Licenciados plantearon, hace ya cuatro años, en el Congreso de Salamanca, la necesidad de una alternativa que reconociera la asistencia psicológica como un servicio público.
