El Tribunal Supremo ordena apagar nueve canales de televisión

Nueve canales privados de televisión tendrán que apagar las señales. El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que ejecute la sentencia que dictó hace más de un año por la que anulaba las frecuencias de TDT que fueron adjudicadas por el Ejecutivo de Zapatero, sin que mediara un concurso público, a los operadores que ya estaban emitiendo. El recorte afecta a los cuatro grupos de ámbito nacional: Atresmedia, Mediaset, Net TV (Vocento) y Veo TV (Unidad Editorial).

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo rechaza, en una resolución comunicada ayer, los recursos presentados por Uteca, la entidad que agrupa a las privadas. Señala el auto que “la asignación de un múltiple digital a cada una de las licenciatarias ha supuesto la adjudicación sin previo concurso, tras la entrada en vigor de la Ley 7/2010, de nueve canales adicionales: tres a Atresmedia, dos a Mediaset Telecinco, dos a Veo TV y dos a Net TV”. El Supremo no especifica cuáles tendrán que cerrar, ya que esa es una decisión que corresponde a los operadores. Cabe pensar que serán los que menos audiencia cosechan o no son estratégicos. En Atresmedia los menos vistos, según los registros de noviembre, son Xplora, laSexta 3 y Nitro, mientras que en Mediaset las peores cuotas se las apuntan Energy y Nueve.

Los canales en litigio los otorgó en julio de 2010 el Consejo de Ministros y formaban parte del plan de sustitución de la tecnología analógica por la digital. Así, cada uno de los seis grupos privados de entonces (Telecinco, Antena 3, Cuatro, laSexta, Net TV y Veo TV) pasaron a tener un múltiple digital con capacidad para cuatro canales distintos. La empresa de servicios de telecomunicaciones Infraestructuras y Gestión 2002 recurrió al Supremo tales adjudicaciones. E incluso planteó que no eran nueve sino 17 los canales otorgados irregularmente.

En noviembre del año pasado, el Supremo declaró nulo el acuerdo del Gobierno socialista por el que se cedía (automáticamente) un múltiple digital a cada operador. El Ejecutivo del PP anunció en marzo de este año su intención de ejecutar la sentencia, aunque dio un balón de oxígeno a los operadores: los canales afectados podrían seguir emitiendo hasta que se culminara el proceso de liberación del dividendo digital. Esta operación implica que las televisiones han de abandonar parte de la banda que utilizan ahora para cederla a las compañías de telecomunicaciones, que podrán así ofrecer servicios de 4G. El proceso debería estará listo en enero de 2014.

El alto tribunal reafirma en el auto de ejecución que las televisiones son servicios de interés general que deben adjudicarse de manera incondicional por concurso público. “El auto es escrupuloso y se atiene a las alegaciones de nuestra parte”, dijo ayer un portavoz de Infraestructuras y Gestión 2002, empresa que ha propiciado un terremoto en el sector audiovisual.

Para minimizar su impacto y causar el menor perjuicio, en los últimos meses el Gobierno ha buscado un acuerdo con las televisiones. Algunas defendían la necesidad de negociar. Otras eran partidarias de plantar batalla y exigir a la Administración una indemnización por daños y perjuicios al haber tenido que afrontar cuantiosas inversiones. Uteca ya había advertido de que la anulación de canales colocaba al sector en una “situación de inseguridad jurídica sin precedentes”.