Barcelona aprueba la normativa del veto al coche contaminante

El Ayuntamiento de Barcelona celebra este viernes el último pleno del año. Una sesión en la que el gobierno que comparten los comunes y el PSC ha conseguido apoyo para aprobar dos paquetes de ordenanzas municipales: las fiscales, con una subida generalizada de impuestos cuya recaudación extra busca que aumente el presupuesto; y la que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la restricción de vehículos contaminantes a partir del 1 de enero.

En ambos casos, el gobierno ha contado con el apoyo de ERC, un entendimiento que ha sido aplaudido por el ejecutivo que capitanea la alcaldesa Ada Colau, convencido de que en enero podrán aprobar juntos las cuentas de 2020. La ZBE ha contado con un amplio apoyo, del 80% de los regidores, y ningún voto en contra: 33 votos a favor (comunes, PSC, ERC, Junts per Catalunya) y ocho abstenciones (Ciudadanos, PP y Barcelona pel canvi).

La alcaldesa y su equipo se marcharán de vacaciones de Navidad con dos objetivos cumplidos y dejan para enero la aprobación del presupuesto. Una situación muy parecida a la que se produce en el Parlament, donde los comunes han apoyado la política fiscal de Junts per Catalunya y ERC, pero todavía no han cerrado el acuerdo de presupuestos. El concejal de Presupuesto, Jordi Martí, se ha esmerado en agradecer a los republicanos su apoyo y ha señalado: "Hemos tejido una estrategia global en Barcelona y en Cataluña, hemos recuperado un espacio de confianza indispensable, porque en el futuro tendremos que seguir colaborando", ha dicho.

La aprobación, en el último minuto, de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones es el paso previo a la entrada en vigor, el 1 de enero, de la mayor zona de restricción a los coches contaminantes del sur de Europa, 95 kilómetros cuadrados donde no podrán circular los vehículos que no tengan etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT), los más antiguos y contaminantes. De hecho, al ser festivo el día 1, el veto se activará el día 2, el primer laborable del año. Y cuando tendrá verdadero efecto será a partir del 7, cuando la mayoría de la ciudadanía se incorpora al trabajo.

La votación de las ordenanzas fiscales se ha saldado con los votos de ERC, la abstención de Junts per Catalunya y el no de Ciudadanos, PP y Barcelona pel canvi. Desde los partidos del gobierno Jordi Martí y Montserrat Ballarín han defendido una subida de impuestos que "permitirán un presupuesto expansivo, luchar contra la emergencia habitacional y la climática", con 66 millones más de ingresos. La subida de impuestos afecta a impuestos como el de Bienes Inmuebles (se adapta a los nuevos valores catastrales) y la tasa que pagan los restauradores por las mesas de las terrazas.

En cambio, los partidos que han votado en contra han criticado la subida de impuestos y tasas a ciudadanos y empresas. Desde Ciudadanos, Luz Guilarte ha calculado que a cada familia de Barcelona le costará 200 euros. Una estimación que divide 80 millones de euros que se recaudarán de más (en realidad son 66) entre los habitantes de la ciudad y la multiplica por cuatro (una familia tipo).