La Junta y la Universidad de Málaga investigan el contrato de Íñigo Errejón

La Junta y la Universidad de Málaga investigan si Íñigo Errejón, número dos de Podemos, ha incumplido el contrato de trabajo con este campus andaluz, que le reporta al mes 1.825 euros, al margen de lo que le ha facturado a su partido. Errejón forma parte desde el 17 de marzo de un grupo de 12 investigadores encargados de elaborar un proyecto sobre vivienda para el Gobierno regional. El director de esta investigación es Alberto Montero, miembro también de Podemos. Errejón logró el contrato a través de un concurso público al que solo se presentó él. El proyecto, que cuenta con presupuesto de 284.604,1 euros (del que el 75,7% es para gastos de personal), está financiado por la UE (80%) y la Consejería de Fomento de Andalucía. Desde marzo y hasta el 17 de diciembre, cuando Errejón piensa dejar esta plaza, el político habrá cobrado 16.425 euros.

El responsable de la consejería andaluza encargado de supervisar los proyectos de este tipo se ha dirigido este viernes a Montero para exigirle que presente "un informe detallado y por escrito" sobre la situación de Errejón. A la consejería le interesa "especialmente" que se detalle "el cumplimiento o no de las obligaciones contractuales del investigador". El político, pese a que en su contrato se establece que debe prestar sus servicios en Málaga y de ocho a cuatro de la tarde, habría desarrollado su labor desde Madrid.El director del proyecto, que se reunirá el martes con los responsables de la consejería en Sevilla para dar explicaciones, asegura que le autorizó verbalmente a que no trabajara desde las instalaciones del campus malagueño.

Fuentes de la Consejería de Fomento, a la que Montero tiene que rendir cuentas de sus progresos cada dos meses, aseguran que en el último encuentro se advirtió al director de que el ritmo de la investigación era lento. El equipo tiene la obligación de entregar el estudio completo en junio de 2015 y hasta la fecha ha recibido de la Junta 79.661,52 euros, el 27,9% del total del presupuesto. "La certificación [que permite que se le transfieran los fondos] a estas alturas del proyecto debería ser más alta", indicó Fomento, una consejería que está en manos de IU.

En la misma línea que la Junta de Andalucía, la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle —quien el miércoles no sembró dudas sobre el caso de Errejón— ha ordenado este viernes a la Inspección la apertura de un expediente informativo. En el escrito presentado por la rectora se indica que el posible "incumplimiento de las obligaciones laborales" por parte de Errejón y la supuesta "vulneración de la Ley de Incompatibilidades" pueden "dar lugar a responsabilidades". "Tanto del interesado, como de esta institución académica", se indica en el texto, que la rectora ha presentado esta mañana en el registro de la universidad.

El paso dado este viernes por la universidad es previo a la apertura de un expediente disciplinario y la rectora ha pedido a la Inspección que precise si hay que adoptar medidas cautelares. Se reclama también un "informe motivado" sobre si "se ha producido incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Universidad de Málaga" en el proyecto del que Montero es el responsable.