La juez Alaya contra todos

El Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía, el Ministerio del Interior, magistrados, fiscales… El listado de instituciones a las que se ha enfrentado la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, sigue al alza. Es una espiral que viene de lejos, pero esta semana la instructora puede haber cruzado una línea invisible de difícil retorno. En solo dos breves autos, la juez ha logrado ponerse en contra a los casi 80.000 agentes de la policía, a 34 magistrados y fiscales andaluces, además de los medios de comunicación, a los que ha amenazado con incurrir en un delito de desobediencia si difunden imágenes de su testigo estrella en la causa de los cursos de formación, Teodoro Montes.

“Parece obvio que este no es el procedimiento, la juez ha utilizado un canal erróneo”, censuró el presidente del Congreso, Jesús Posada, cuando Alaya envió a la Guardia Civil al Congreso para entregar unas cartas de notificaciones para los congresistas señalados en el caso ERE, misivas que fueron devueltas sin abrir. El Senado reaccionó de igual forma cuando recibió la extemporánea comunicación. “La juez no respeta el principio de separación de poderes y la inviolabilidad de la Cámara”, se quejó el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que Alaya señalara a los diputados de la Comisión de Hacienda al cuestionar la legalidad del procedimiento empleado en los ERE. Son solo dos críticas suaves ante las resoluciones de Alaya, a la que los sindicatos policiales han acusado de vulnerar la ley, lo que constituiría una prevaricación judicial por su parte.

La precipitación ha llevado en numerosas ocasiones a la juez a rectificar sus decisiones. Y junto al Congreso, el Senado, el Parlamento andaluz, esta semana se han sumado a las críticas los sindicatos policiales y la Asociación de la Prensa de Sevilla, que calificó de “ineficaz” la prohibición de difundir las imágenes de Montes cuando ya llevaban “dos semanas en las pantallas de la televisión”. La juez pidió incluso pixelar las imágenes de Montes. “La solución no es cortarle alas a la prensa”, censuró. Al margen del criterio jurídico que justifican sus imputaciones, las quejas de los acusados por la instrucción de Alaya atañen también a partidos políticos (PSOE e IU), sindicatos, la patronal andaluza, y asociaciones de abogados. Y el listado sigue al alza.

Pero al margen de las polémicas anteriores, esta semana la juez ha despreciado de un plumazo a todos sus compañeros magistrados que investigan las causas de formación en Andalucía —al menos 17 jueces en las ocho provincias—, así como los fiscales adscritos a dichos juzgados, al exigir a la policía que cese en sus investigaciones. Como juez instructora, Alaya posee una soberanía que se considera sagrada, pero que ha entrado en directa colisión con la de otros jueces instructores, algunos de los cuales llevan meses investigando estas causas. La magistrada se ha dirigido directamente a la policía para exigirle que se aparte de todas las investigaciones que mantiene abiertas, y acusa al Cuerpo de “invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas”.

“Parece obvio que ha utilizado un canal erróneo”, dijo Jesús Posada

Esta acusación, directa y sin rodeos, cuestiona la competencia de la policía en defensa de la Guardia Civil, pero además de comprometer al Gobierno de Mariano Rajoy, afecta de lleno a todos los magistrados y fiscales que comparten las diligencias abiertas, cuyo trabajo ha ignorado de manera clara. Incluidos los magistrados de la Audiencia de Cádiz, que aún deben resolver un recurso del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda sobre la competencia de la juez para investigar las ayudas de Ojeda. Alaya se adelanta a la decisión de los jueces —considerados superiores de la instructora en el escalafón judicial— y exige a la policía que se aparte, cuando los magistrados aún no se han pronunciado al respecto. “Mientras que la Audiencia de Cádiz no resuelva (...) no quedará definitivamente resuelto el órgano instructor competente para investigar las subvenciones (...) y qué Cuerpo Policial concreto, todos de la misma consideración y distinción, será el finalmente competente”, recuerda Juan Carlos Alférez, letrado de Ojeda. Y es que la petición de Alaya al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, pone a este en un aprieto legal, dado que los agentes no pueden apartarse de las investigaciones por una decisión suya, ya que de otro modo estarían desobedeciendo las órdenes de los jueces andaluces que investigan las causas. Los agentes de la UDEF actúan en funciones de policía judicial desde el momento en que una causa se judicializa.

Para los alayólogos —denominación de los expertos jurídicos que analizan cada decisión de la juez— su último movimiento denota un error táctico. Estas semanas son decisivas para la juez porque la Fiscalía del Tribunal Supremo decide si apoya su exposición razonada sobre los indicios de los altos cargos aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Y esta polémica, que revela cierta suficiencia ante otros órganos judiciales y policiales, además del Gobierno central, a cuya policía acusa de invadir competencias, no ayuda a crear buena prensa para Alaya. En ámbitos judiciales y políticos, toda decisión influye. Y tras la fiscalía, será el Supremo el que decida si la exposición razonada tiene base.

“No respeta la inviolabilidad de la Cámara”, aseguró Manuel Gracia

En el pasado, las decisiones de Alaya han provocado una concentración de letrados de la Junta ante la imputación de un compañero que consideraban injusta, así como las repetidas quejas de los sindicatos, la patronal y la Junta, que llegó a acusarle incluso de poner en peligro la democracia. Por ahora, el apoyo más sólido de Alaya —y solo de puertas hacia fuera— es el Partido Popular. Ello a pesar de que la juez acaba de reclamar la documentación de las ayudas del Gobierno central sobre las pólizas de la Faja Pirítica que contribuyó a pagar junto a la Junta. Y entonces el delegado del Gobierno en Andalucía era el alcalde de Sevilla y exjuez Juan Ignacio Zoido.

Alaya ha entrado en colisión con la soberanía de otros jueces instructores

Estos días son fundamentales dado que la Dirección General de la Policía aún debe pronunciarse ante la acusación de Alaya, y si opta por la crítica directa o la discrepancia suave. Pero la patata caliente también afecta a la Fiscalía Anticorrupción, que apoyará o recurrirá estos dos últimos autos. Y entonces se verá si el listado sigue al alza.