El ‘caso Palau’ abre una brecha entre la fiscalía y Convergència i Unió

La investigación sobre el presunto cobro de comisiones en el caso Palau de la Música ha desatado un cruce de acusaciones entre la fiscalía y Convergència i Unió (CiU). En un comunicado, la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, mostró ayer su respulsa a las críticas de la federación nacionalista, que la víspera dijo sentirse víctima de una “guerra sucia institucionalizada”. La fiscalía “rechaza de modo claro y terminante que se cuestione su imparcialidad y se le atribuya, de modo interesado y apenas encubierto, actuaciones contrarias al principio de legalidad”, reza la nota.

El reproche en voz alta de la institución es el último incidente de una cadena de roces que han ido a más desde que, hace dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción acusó a Convergència Democràtica de Catalunya de cobrar 6,6 millones en comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de adjudicarle obra pública durante el último Gobierno de Jordi Pujol. En su escrito, la fiscalía detalla que la empresa y el partido sellaron un “pacto criminal” durante 10 años para adjudicar obras de gran envergadura —como la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia— a cambio de suculentas comisiones destinadas al partido. Los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, hacían de “intermediarios” en esos pagos.

Al día siguiente de conocerse el escrito, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, criticó al fiscal por acusar “sin pruebas” y por apoyarse en “puras suposiciones”. Y alimentó la teoría de la conspiración al insinuar que el escrito de la fiscalía “no tocaba”.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía contactaron con Álvarez para recabar información sobre los negocios de la familia Pujol

Pero lo que ha dado a CiU la excusa idónea para poner en cuestión el trabajo de la fiscalía en el caso Palau ha sido la difusión, parcial, de una conversación privada de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. En julio de 2010, Camacho se entrevistó en el restaurante barcelonés La Camarga con Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, para obtener información sobre sus presuntos negocios ilícitos en el extranjero.

Dos años después, ya en pleno proceso soberanista, agentes del Cuerpo Nacional de Policía contactaron con Álvarez para recabar información sobre ese extremo. Esa fue la base del polémico “borrador fantasma” elaborado por agentes de una unidad policial, la UDEF, y que fue publicado en plena campaña electoral catalana por el diario El Mundo. Se ignora cómo llegó al Ministerio del Interior, comandado por Jorge Fernández Díaz, que Álvarez disponía de munición comprometedora para la familia Pujol.

La comida entre Camacho y Álvarez fue grabada de forma ilegal por detectives de Método 3, un hecho que se conoció el pasado febrero y que dio lugar a una demanda civil —archivada tras el pacto entre la dirigente y la agencia— y a una causa penal que debe dirimir quién encargó la grabación. En los últimos días, han aparecido fragmentos de la cinta en las redes sociales. En un momento del almuerzo, y ahí reside la clave del conflicto, Camacho asegura que conoce a un “fiscal de confianza” en el caso Palau.

CiU afirmó en un comunicado, el jueves, que ese dato “confirma” la “sospecha” de que los nacionalistas son víctimas de “una estrategia de juego sucio”. La fiscalía replicó ayer con la nota pública, a la que se sumó también el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol. En su último discurso en el cargo —el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, forzó su renuncia por defender el “derecho a decidir” de los catalanes mediante una consulta legal— Rodríguez Sol defendió la “imparcialidad” y “profesionalidad” de los fiscales frente a las quejas de CiU. Los fiscales, dijo, han actuado de forma “imparcial” y “con el conocimiento de sus superiores”. La formación, por su parte, expresó ayer su “sorpresa” por la reacción de la fiscalía y matizó que su intención nunca ha sido pedir explicaciones a la institución, sino a Camacho.