En vez de pacto, miniacuerdos

"Hasta aquí ha llegado nuestra capacidad de consenso", dijo el jueves el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, después de presentar el documento final para el pacto educativo tras meses de negociaciones. Ahora serán los partidos políticos, las comunidades autónomas, sindicatos, patronales y el resto de sectores educativos los que tendrán dos semanas para decir si lo apoyan o no. Una vez que esté claro qué respaldo hay, el misterio decidirá "si merece la pena seguir adelante", añadió el ministro.

La mayor incógnita es si lo apoyará el PP. Y de momento, este partido está "más cerca de acuerdos puntuales que de un pacto", dijo la secretaria de Educación de los populares, Sandra Moneo, después de recibir el texto final, el cual, se quejó, sigue sin recoger las principales exigencias del PP, como garantizar la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües, las enseñanzas comunes o la concesión de subvenciones a centros privados.

Y eso, a pesar de los acercamientos entre los dos partidos que no han gustado nada a sectores de la izquierda como IU o la asociación laica de padres Ceapa. Por ejemplo, la creación de dos vías en 4º de ESO, enfocadas al Bachillerato o a la FP, o aumentar las opciones separadas para los repetidores en 3º de ESO.

En cualquier caso, el mayor acercamiento de este último documento ha sido hacia los sindicatos, con la posibilidad de prolongar la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años para profesores -que estaba previsto que terminase el año que viene- hasta que se revise dentro del Pacto de Toledo. También se comprometen a retomar la negociación del estatuto docente en junio y cerrar un acuerdo antes de final de año. Asimismo se revisará el cálculo de las subvenciones a los colegios concertados -promesa incumplida de la ley educativa de 2006-, y a impulsar la equiparación progresiva de las condiciones laborales de los profesores de esas escuelas con los de la pública.

Además, Gabilondo presentó una memoria económica de 1.570 millones de euros para poner en marcha en los próximos tres años las 148 medidas que contempla el posible acuerdo para mejorar el sistema educativo. Y el ministro espera que las aportaciones de las comunidades autónomas lleguen a doblar esa cantidad comprometida por el Gobierno, que apoyan el presidente Zapatero y el Ministerio de Hacienda, dijo Gabilondo.

El apoyo por parte de la comunidad educativa parece más alcanzable en este momento que en la parte política. Sobre todo, a la espera de lo que diga el PP. Gabilondo se mostró optimista y pidió a los ciudadanos que tengan en cuenta quién está a la altura de las circunstancias y quién no, en referencia a una posible negativa de los populares. El hecho de que el Gobierno haya renunciado a blindar las reformas educativas con el pacto -ya no hará falta el apoyo de dos tercios de los diputados del Congreso para cambiar las leyes de enseñanza, sino que se buscará "el máximo consenso social y político"- también parece prever posibles rechazos o acuerdos sólo puntuales.