A la cárcel por convertir una riera en una alcantarilla

La riera Betzuca, que cruza Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), pasó de ser un cauce "en buenas condiciones biológicas" en 2003 a convertirse en una "alcantarilla a cielo abierto" que arrasó con cualquier atisbo de vida y disparó todos los niveles de contaminación hasta constituir un "grave riesgo" para los ríos Sec y Besòs, a los que vierte sus aguas. Un desastre ecológico que la Fiscalía de Medio Ambiente considera un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del que acusa a dos ex alcaldes y un ex concejal, para cada uno de los cuales pide cuatro años (la pena máxima por este delito) y un día de cárcel, cuatro años de inhabilitación y una multa de 8.500 euros.

Según el escrito de la acusación del juicio que empieza hoy en Sabadell, los tres acusados dejaron durante más de dos años que la riera recibiera las aguas residuales de dos barrios de la localidad (Can Pallàs y Casablanca) al no reparar un colector averiado. Lo hicieron por "razones espurias, intentar eludir el coste económico" que la reparación hubiera supuesto "para el Consistorio e intentar derivarlo hacia otras administraciones".

Los tres acusados por la fiscalía, que actuó de oficio al descubrir la contaminación, son Sebastián Ruiz, alcalde de CiU entre 2004 y 2006; Francisco Contreras, edil de Medio Ambiente desde 1997 hasta 2004 y alcalde en junio de 2006, también de CiU, y Josep Coll, concejal de ERC de Medio Ambiente desde 2004 y actualmente en las filas de la oposición. Según un informe del Instituto Nacional de Toxicología, los desperdicios surgían de un colector subterráneo, situado en el nacimiento de la riera, que expulsaba vertidos a razón de 10 litros por segundo. La comparación de los análisis de calidad del agua antes y después del vertido concluyen que se disparó la contaminación de amonio y que la concentración de bacterias fecales se multiplicó varias veces por 1.000.

El estudio alertó de las consecuencias devastadoras para el ecosistema de la riera, donde se hizo imposible "la vida acuática y el desarrollo de los organismos vivos", reza el informe. El Consistorio de la localidad, que participa en la defensa de los tres ediles, tacha estas cifras de "surrealistas". El abogado defensor presentará un informe alternativo en el que, si bien no se desmienten estos niveles de contaminación, se muestran unos niveles normales al cabo de unos metros. "El vertido fue accidental, provocado por un colector averiado. El Ayuntamiento actuó con total diligencia y reparó la fuga con sus propios recursos pese a no contar con la ayuda de otras administraciones. Si se tardó tanto fue porque la cañería estaba soterrada a nueve metros de profundidad y se tuvo que redactar un proyecto complejo", argumenta el abogado defensor, que habla en nombre de los tres acusados.

La Agencia Catalana del Agua (ACA), que declinó comentar su postura por la cercanía del juicio, denunció los hechos al Ayuntamiento en septiembre de 2003, según el fiscal. La parte defensora asegura que el Consistorio conoció la avería en enero de 2005 y que ésta quedó resuelta en noviembre de 2006. Además lamenta la poca ayuda de la ACA, cuya burocracia frenó, según su versión, la posibilidad de recibir ayudas urgentes para arreglar el colector.

Los ecologistas advierten que los vertidos por averías en cañerías son demasiado habituales. "Es un problema que se repite a menudo", lamenta la Asociación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza del Vallès.