Valencia movilizará voluntarios para disuadir a la mujer de abortar

La ofensiva de la Generalitat valenciana contra la reforma del aborto ya está diseñada y tiene forma de ley. El "derecho a la vida en formación" y de la madre gestante a seguir adelante con el embarazo son los pilares sobre los que descansa el andamiaje del anteproyecto de Ley de Protección a la Maternidad y Paternidad que ultima el Ejecutivo de Francisco Camps, del PP, al que ha tenido acceso este diario.

La norma despliega una serie de medidas destinadas a involucrar y subvencionar a organizaciones -incluso aborda el reclutamiento de voluntarios- que se dediquen a disuadir a las gestantes que tengan idea de abortar. Pero también contempla la "promoción del acogimiento y la adopción" como "alternativas eficaces para permitir a la madre gestante seguir adelante con el embarazo". Es una ley volcada en sus 29 artículos en tratar de que no se aborte, aunque sin referencias a educación sexual o el uso de anticonceptivos.

La Generalitat dará dinero a entidades que asistan a las gestantes

La norma ha sido elaborada por Juan Cotino, declarado antiabortista

El texto se ha elaborado en los despachos de la Consejería de Bienestar Social que dirige Juan Cotino. De allí salió también la promesa recientemente anunciada de pagar 600 euros durante 36 meses a mujeres en situación de riesgo de exclusión que decidieran no abortar. El que fuera director general de la policía con José María Aznar quiere convertir la lucha contra el aborto en una de sus principales líneas de actuación. De hecho, fue el único miembro del Gobierno autonómico que se sumó a la manifestación contra la interrupción del embarazo celebrada en Valencia el domingo.

Para ello, Cotino desea contar con la intervención activa de asociaciones afines -antiabortistas, de amas de casa conservadoras, vinculadas a la Iglesia-, quienes presumiblemente serán las encargadas de llevar a la práctica buena parte de los artículos de la norma. De esta forma, la Generalitat concederá subvenciones y establecerá convenios con las entidades que "se comprometan a ofrecer el apoyo, asistencia y asesoramiento a la madre gestante previsto por la ley", unas organizaciones que contarán con el "apoyo técnico" de las administraciones públicas.

La norma prevé la creación de, al menos, tres Centros de Atención a la Maternidad -uno por provincia- cuya función será la de atender a las embarazadas e "informar de los aspectos incluidos en la ley". Estas actividades también podrán ser gestionadas por "entidades privadas sin ánimo de lucro".

Al margen de la participación de estas organizaciones, el anteproyecto establece otro frente en la puesta en marcha de la ley. Se trata del voluntariado, cuya función será asistir a las madres embarazadas durante la gestación y los primeros meses de vida del bebé. Cotino ya había deslizado esta idea en alguna intervención pública. El mes de septiembre pasado explicó su intención de crear una red familiar para tutelar a mujeres sin recursos que quisieran abortar. La idea era que la gestante "esté en su casa, viva como una hija más y dé a luz".

El consejero de Bienestar Social y vicepresidente tercero de la Generalitat pretende seleccionar a los voluntarios a través de una oferta pública "con el fin de tener un número suficiente para crear estas redes", como refleja la norma. En la convocatoria se establecerán las condiciones que deben cumplir estas personas, los criterios de valoración y "los beneficios que, en su caso, puedan concedérseles".

Otra de las medidas que aborda el anteproyecto hace referencia a las adopciones nacionales. El texto, que se encuentra aún en periodo de consulta por parte del equipo directivo de la consejería, alude al desarrollo de programas de apoyo a las familias con dificultades. Pero también defiende el "derecho de los hijos a desarrollarse en un ámbito familiar alternativo al biológico cuando éste sea imposible" y la "promoción del acogimiento y la adopción como alternativas eficaces para permitir a la gestante seguir adelante con el embarazo".

Bajo el eufemismo de "las alternativas de integración familiar", el texto se refiere a la acogida y la adopción. Ambas opciones han de ponerse a disposición de las gestantes "que no puedan hacerse cargo de la crianza tras el nacimiento". Además, se incluye agilizar por parte del Gobierno "la toma de decisiones en los expedientes de protección de menores", así como "separar a un menor de su familia" cuando "se vea obligado a ello".

Cotino manifestó hace unos meses la necesidad de acortar el proceso de adopción nacional a la mitad -ronda los tres años-. E incluso fue más lejos en una polémica medida que no aparece en el anteproyecto. El consejero mostró su intención de que se pudieran asignar bebés en adopción antes incluso de haber nacido, algo que impide la legislación española.

El texto podría perfectamente ser el desarrollo del artículo 8 de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana, impulsada por el PP en 2008. En él ya se establece la garantía y protección del derecho a la vida en formación, así como el derecho de las gestantes de tener a su hijo. Pero si se hiciera así tendría un rango menor, y el Gobierno valenciano quiere darle el de ley.