El Supremo ordena demoler una depuradora construida por Medio Ambiente en la costa

El Tribunal Supremo ha ordenado la demolición de una depuradora que el Ministerio de Medio Ambiente, encargado del control de costas, construyó ilegalmente en una marisma junto al mar en el río Besaya, en Suances (Cantabria). El Supremo considera que el Consejo de Ministros eligió en 2001 la ubicación sin considerar otras alternativas y sin respetar la Ley de Costas. La sentencia se produce a raíz de una denuncia de la Asociación para la Defensa de los Recursos naturales de Cantabria (Arca), que estudia ahora si exige la demolición. La obra ha costado 24 millones y aún no funciona.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona (PSOE), inauguró la obra en verano. La obra se comenzó en 2001, siendo ministro Jaume Matas (PP). Medio Ambiente afirmó ayer que no ha recibido la sentencia y no quiso comentarla.

La depuración de la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya es una reivindicación histórica. "El río baja muy contaminado y era necesaria una depuradora", explica el vicepresidente de Arca, José Ángel Herrera. El sistema de depuración fue declarado de interés general en 1994 y el proyecto fue aprobado en 1995. El ministerio afirmó entonces que la depuradora quedaba fuera del dominio público marítimo-terrestre (la línea de costa hasta la que puede llegar el agua y en la que no se puede construir). Arca recurrió al considerar que sí invadía el dominio público. La demarcación de Costas, dependiente también del ministerio, le dio la razón y ordenó parar las obras en 2000.

El 27 de abril de 2001, el Consejo de Ministros reservó 87.450 metros cuadrados de dominio público para la depuradora. El consejo anunció que la depuradora trataría "las aguas residuales de una población de más de 150.000 habitantes y las industriales de la zona". El presupuesto era 24 millones de euros, de los que el Fondo de Cohesión de la UE aportaba el 85% y el 15% salían del ministerio y la comunidad de Cantabria.

Arca recurrió al Supremo al considerar que la decisión incumplía la Ley de Costas, de 1988, que sólo permite construir en la playa lo imprescindible, un faro o un puerto. El artículo 32.1 de la ley afirma: "Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación". Además, el artículo 44.6 señala: "Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar". Arca criticó que "no era necesaria la ocupación de terrenos del dominio público para construir una depuradora por cuanto existen otras tres alternativas", según un estudio del ministerio de 1993.

La sección quinta de la sala contencioso-administrativo del Supremo ha dado la razón a la asociación ecologista. En una sentencia de 22 folios y fechada el 16 de noviembre, afirma que la depuradora incumple "de forma manifiesta" la Ley de Costas, anula el acuerdo de Consejo de Ministros y ordena su demolición. El Supremo señala que Medio Ambiente descartó tres lugares alternativos y que eligió el terreno junto al mar sin justificación suficiente. Durante el litigio, el Gobierno replicó que "si de lo que se trata es de depurar las aguas de un cauce, lo razonable es que su instalación se realice en su desembocadura". La sentencia, sin embargo, afirma que Medio Ambiente se decantó por el lugar "por razones económicas y de no demora en la conclusión de la obra".

La organización Arca estudia ahora si pide la ejecución de la sentencia y por tanto la demolición. "Tenemos tres meses para decidirlo y será una decisión difícil. No estamos contentos de que nos hayan dado la razón porque llevamos años insistiendo en lo obvio contra la administración: que esa zona es una marisma inundable y que es dominio público", explica Herrera. La organización, que según Herrera sufrió ayer una protesta en su sede por parte de vecinos indignados, pide que sean destituidos los cargos públicos que decidieron la construcción.