Madrid prevé ampliar la ayuda por estudiar en colegios privados
Se trata de ampliar las deduciones para "los padres que sufragan por una parte la enseñanza de sus hijos y por otra, pagan impuestos", ha dicho Aguirre
La Comunidad de Madrid quiere ampliar las deducciones fiscales por estudiar en la escuela privada. La presidenta Esperanza Aguirre (PP) confirmó la semana pasada que estudian ayudas para "los padres que sufragan por una parte la enseñanza de sus hijos y por otra, pagan impuestos".
Desde 2009, la Comunidad permite deducciones para los gastos asociados a la enseñanza obligatoria (de seis a 16 años) no gratuita. Esto incluye ayudas para mensualidad en un colegio privado o en la compra del uniforme escolar para cualquier centro y también para la enseñanza de idiomas como actividad extraescolar. El sector privado reclama desde hace años que se amplíe la cuantía (de los 500 actuales a 1.000 euros al año) y también los tramos de renta de los beneficiarios. Ahora, estas ayudas se ofrecen a quienes no superen los 10.000 euros anuales por miembro de la familia lo que, según las asociaciones de centros privados, suele dejar fuera a su público.
La gran patronal ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) se ha reunido en los últimos meses con varios miembros del Gobierno regional madrileño (de las áreas de Educación y de Economía) para recordar esta vieja reivindicación que ahora ven "cada vez más cerca", según anuncian en su web.
Otra asociación, de ámbito madrileño y de reciente creación, pide lo mismo en sus encuentros con la Administración. La Asociación de Centros Privados Independientes solicitó al consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, que la deducción se amplíe al menos hasta 1.000 euros anuales y que cambien los criterios de reparto para que se haga de forma automática, sin tener en cuenta la renta. "Los centros privados ahorran al Estado bastante dinero en las plazas que las familias no cubren en la educación pública y concertada, no deberíamos pagar dos veces a través de impuestos y luego al pagar la plaza", reclama Gabriel Castellano, portavoz de la asociación, que a principios de octubre se quejó por el apoyo que el Gobierno de Aguirre ofrece a los centros concertados.
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