El Congreso recomienda que no se regularice la prostitución en España

El Congreso de los Diputados recomienda que no se regularice la prostitución en España, según el borrador del dictamen final de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, que ha estudiado de forma específica este asunto. Ese informe final, al que ha tenido acceso la Cadena SER, propone reforzar las medidas contra las mafias y reclama a los periódicos que supriman los anuncios de contactos. A las 11.00 horas se reúne esta comisión, creada tras la polémica que suscitó la iniciativa del Gobierno tripartito catalán (PSC-ERC-IC) de regular la prostitución voluntaria, para estudiar una solicitud de prórroga de los trabajos de la ponencia.

Una de las principales conclusiones del informe final de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer es que regular la prostitución como un trabajo tiene graves problemas de encaje jurídico, ya que es contrario a los artículos 9 y 14 de la Constitución y entra en colisión con los derechos laborales. El artículo 9 alude a la responsabilidad de los poderes públicos de "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas".

El 14 hace referencia a la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda "prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". El documento, según informa la SER, destaca además que en los países que la regularizaron ha aumentado la actividad de la prostitución y el tráfico de mujeres.

Sin anuncios de contactos

El documento pide destinar más recursos a la atención, protección e inserción social de las mujeres traficadas y recomienda realizar campañas dirigidas a los hombres para reducir la demanda. También recomienda solicitar a los medios de comunicación que se planteen la renuncia a la publicidad del comercio sexual y a los anuncios de contactos.

Los trabajos de la comisión arrancaron en mayo del año pasado y, en estos meses, unos 80 expertos propuestos por los distintos grupos han comparecido ante los diputados. En un principio, el compromiso era intentar culminar el trabajo en este periodo de sesiones (a finales de junio o en julio) y emitir propuestas al Gobierno. Los grupos parlamentarios han mostrado en la ponencia distintas posturas. El socialista, al igual que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, maneja esta premisa: antes de decidir sobre una eventual modificación legislativa [ahora se permite el ejercicio de la prostitución a mayores de edad y se persiguen el tráfico y el proxenetismo], hay que combatir el creciente tráfico de personas para su explotación sexual.

El Ministerio del Interior trabaja en un plan específico desde hace meses. Según la ONU, España figura entre los grandes destinos de los traficantes de personas con fines de explotación sexual. El PP rechaza que se reglamente la prostitución y pide más lucha contra el tráfico. En cambio, IU-ICV defiende que se regule, siempre que sea voluntaria y quiere que el debate se centre en esa práctica, algo que se presenta difícil. CiU está en contra de la reglamentación y de que se considere un trabajo. Las posturas de las comunidades difieren. Así, el Parlamento de Cataluña apuesta por un sistema que regula la prostitución como el de Holanda o Alemania. En un anteproyecto de ley, propone que se pueda ejercer desde los 21 años y que las trabajadoras sexuales autogestionen sus burdeles.