Andalucía obliga a los laboratorios a competir en concursos públicos

Andalucía ha iniciado los trámites para sacar a concurso público los principios activos más recetados por los médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Ni la oposición frontal del sector farmacéutico ni las reticencias mostradas al principio por el Gobierno central han frenado a la Consejería de Salud, que ve en esta medida la tabla de salvación del actual sistema sanitario. "La sostenibilidad del modelo andaluz pasa por contener el gasto farmacéutico garantizando la calidad de la prestación", admitió ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero.

La norma se tramitará por la vía urgente para que esté aprobada en octubre y los primeros principios activos salgan a licitación antes de que acabe la legislatura autonómica, en marzo del año que viene. El calendario es ajustado, pero Montero cree que hay tiempo. Con todo, la posibilidad de que alguno de los sectores afectados (sobre todo la industria o los farmacéuticos) recurran el decreto puede dificultar los planes. De momento, Salud se ha liberado del recurso que más temía: el del Gobierno central. Pese a las dudas mostradas al principio, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, consideró ayer "positiva" la medida.

La consejería tramita un decreto urgente para aprobarlo en otoño

Primero se licitarán las estatinas, los protectores gástricos y los anticoagulantes

El Gobierno central temía que se rompiera la equidad del sistema

El 10% del dinero que se ahorre se destinará a ayudas a las farmacias rurales

El propio nombre de la norma, Decreto de Medidas Urgentes sobre Prestación Farmacéutica, da idea de lo acuciante del asunto. Los análisis realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han constatado lo mismo que venían advirtiendo muchos expertos y que se están planteando otras comunidades: que la contención del gasto farmacéutico es la clave para lograr el ajuste entre ingresos y gastos. Pero, según explicó ayer Montero, mientras algunas comunidades consiguen todavía arañar millones al presupuesto aumentando la prescripción por principio activo, los responsables del SAS tienen ahí poco margen de maniobra porque el 85% de las recetas andaluzas ya se hacen de esta manera. "Es una medida amortizada", señaló la consejera.

La Junta lleva casi un año trabajando en la idea de licitar algunos principios activos. La primera intención era consensuarlo con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof). Pero tras meses de negociación, el Cacof rechazó el texto propuesto por la Junta y el Gobierno andaluz, que ya había avisado de que seguiría adelante con o sin acuerdo, optó por elaborar un decreto.

Hasta ahora, lo habitual cuando un usuario del SAS va al médico es que reciba una receta con el nombre de un principio activo (por ejemplo, omeprazol). La lleva a la farmacia y el boticario puede darle cualquier medicamento de ese principio activo que tenga un precio igual o inferior al precio de referencia establecido por el Ministerio. Lo que va a hacer la Junta es sacar a concurso público la prescripción de forma que, cuando la medida entre en vigor, todas las recetas por principio activo que salgan de las consultas del SAS serán de la marca o genérico ganadora de la oferta. La medida se va a poner en marcha con los tres principios más consumidos: los protectores gástricos (como el omeprazol), las estatinas (para reducir el colesterol) y los inhibidores de agregación plaquetaria (para prevenir coágulos y disminuir el riesgo de infarto).

Solo con estos tres grupos, la consejería espera ahorrar 40 millones de euros al año, pero prevé recortar hasta 200 millones cuando el concurso se extienda a otros subgrupos terapéuticos.

Un 10% de ese ahorro, según el borrador del decreto, irá a un fondo de ayuda que creará la Junta para el mantenimiento de las farmacias rurales, algunas de las cuales pasan por graves dificultades. El decreto contempla también la prescripción por genérico de los productos sanitarios (como los pañales de incontinencia) y la extensión a las farmacias de la factura-sombra, que ya funciona en 19 hospitales andaluces y que supone informar al paciente del gasto real de su tratamiento.

A finales de 2010, al ser preguntado sobre los planes de la Junta, el secretario general de Sanidad advirtió de que el Gobierno se opondría a cualquier medida que pudiera "romper la equidad del sistema". Sanidad entendía que la iniciativa andaluza invadía competencias del Ministerio, que es el que marca el precio de referencia de los principios activos, y limitaba el acceso de los andaluces a determinados fármacos. Por la misma razón, el Gobierno tiene recurrido el catálogo de medicamentos de Galicia, que restringe los fármacos sufragados por la sanidad pública.

Pero en los últimos meses, el SAS ha intentado convencer al Ministerio de que su medida no solo es legal sino que puede ser una bomba de oxígeno para el sistema. Y parece que lo ha conseguido. Martínez Olmos señaló ayer que, a falta de un análisis pormenorizado, el proyecto andaluz "parece una iniciativa positiva porque respetando la prescripción por principio activo, genera ahorros adicionales, que son necesarios". Y todo ello se consigue, según el secretario general, "sin afectar la calidad ni la voluntad de prescripción de los médicos".

El 21 de julio se celebrará en el Ministerio un Consejo Interterritorial (al que están convocadas las comunidades) para abordar medidas sobre la calidad, la equidad y la sostenibilidad del sistema. Fuentes del Ministerio no descartaron que la posibilidad de extender la iniciativa de la Junta sea uno de los temas que se aborden, aunque señalaron que en la reunión se hablará de "distintas medidas" que pueden "ir en esta línea o no".