La última batalla de Okinawa

La llaman "el único portaaviones de Estados Unidos que no se puede ir a pique". Sus 1.200 kilómetros cuadrados -una superficie algo menor que la de Gran Canaria, con 1,38 millones de habitantes- albergan más de una treintena de complejos y bases estadounidenses: el 75% de las instalaciones militares que Washington tiene en suelo japonés. Por ello, la isla de Okinawa ha sido el símbolo más importante de cooperación entre ambas potencias a partir del final de la II Guerra Mundial, además de seguir siendo un enclave estratégico fundamental para EE UU.

La situación de la isla, a medio camino entre el sur de las principales islas de Japón (unos 400 kilómetros) y la costa oriental china (a unos 300), le permite vigilar a la impredecible Corea del Norte y seguir de cerca la creciente pujanza del Ejército chino en la zona. Pero desde que el Partido Demócrata de Japón (PDJ) de Yukio Hatoyama asumiera el poder en septiembre, esta isla se ha convertido en un enorme quebradero de cabeza diplomático, especialmente en lo que respecta a la controvertida base aérea de Futenma.

El Gobierno de Tokio quiere situar las instalaciones fuera del país

El complejo ocupa el 20% de la isla y ya no es rentable para la población

Hatoyama anunció que la trasladaría fuera del país tras imponerse en las elecciones del pasado 30 de agosto, pero el descontento mostrado por Washington desde entonces y la ausencia de alternativas han paralizado su decisión. Barack Obama visita Japón hoy y mañana, y las conversaciones que mantenga con el primer ministro nipón serán claves para el destino de Futenma y para aliviar las fricciones entre ambos Gobiernos.

Por un lado, Washington apuesta por trasladar la base a una zona del norte de la isla -como acordaron ambos países en 1996 y de nuevo en 2006-, aunque se trate de un área con un ecosistema protegido por el Ministerio de Medio Ambiente nipón. Por otro lado, insisten en librarse de ella el Partido Social Demócrata (socio de Hatoyama en el Gobierno) y la población local, harta de tener que convivir con este tipo de instalaciones militares, que ocupan el 20% de su isla. Así lo demostró el pasado domingo, cuando unos 20.000 ciudadanos se manifestaron en la ciudad de Nago a favor de retirar la base de Okinawa.

En cualquier caso, Hatoyama tiene la última palabra, aunque ya ha pedido más tiempo para afrontar su mayor reto hasta ahora. Su decisión podría postergarse a 2010, y los analistas comienzan a tachar de inconsistente su política "para contentar a todos".

Futenma cobija a unos 4.000 marines en la ciudad de Ginowan, en el sureste de la isla. Conduciendo desde la capital, Naha, las bases monopolizan casi todo el flanco izquierdo de la autovía. Al llegar, el molesto zumbido de los helicópteros CH-46D comienza a escucharse cada 10 minutos. A veces hasta cinco o seis sobrevuelan Ginowan, cuando no lo hace algún atronador caza F-18. Y así a diario hasta las once de la noche. Todos aterrizan y despegan desde este complejo que engulle una cuarta parte del municipio y que se sitúa en su mismísimo centro urbano. Hace cinco años, uno de estos helicópteros se estrelló contra un edificio de la Universidad. Por fortuna sólo tres de sus tripulantes resultaron heridos.

"Debido al espacio que nos restan Futenma y la base de Camp Foster, nuestra densidad de población es de casi 7.000 personas por kilómetro cuadrado; mayor que la de Tokio. Esto aumenta aún más el peligro de accidentes", explica el alcalde de Ginowan, Yoichi Iha, un independiente que cuenta con el respaldo del PDJ y otras formaciones de izquierda. "Por si fuera poco, al obtener los planos de la base en 2007, descubrimos que Futenma amplió las pistas sin respetar las zonas de seguridad que debe haber en las cabeceras, un estándar obligatorio para todas las bases aéreas estadounidenses en el mundo. Esto pone en gravísimo peligro a unas 3.000 personas que viven al lado", añade.

Han pasado 13 años desde que Washington y Tokio acordaron trasladar Futenma a Henoko, una zona menos poblada del norte de Okinawa, pero la base aún sigue aquí. "Aparte del impacto medioambiental, ningún ayuntamiento quiere tenerla cerca. Además del peligro y del ruido, están los delitos en los que está involucrado el personal militar", explica Iha. Los altercados en los que participan soldados son frecuentes en la isla, aunque nada comparado con lo que sucedió en 1995, cuando tres marines violaron a una niña okinawense de 12 años. Aunque desde entonces el mando militar se ha mostrado más estricto con el personal, en los años siguientes se han sucedido denuncias por violación o acoso.

Sin embargo, algunos no creen que la presencia de las bases sea negativa. "Dan trabajo a mucha gente en esta isla", cuenta Shin Atarima, un taxista de 77 años que hasta los 65 trabajó como ingeniero eléctrico en la base aérea de Kadena. Su perfil responde al de los votantes que en los últimos años han elegido para la prefectura un Gobierno sustentado por el conservador Partido Liberal Demócrata, que defiende que las bases aumentan la riqueza en la región.

Lo cierto es que datos de la propia prefectura -la más pobre de Japón- señalan que muchas bases minan el desarrollo de la isla y que su contribución a la economía local a principios de esta década era de apenas el 5%. "Sólo 200 personas de Ginowan [que tiene 92.000 habitantes] trabajan en la base y parte de sus sueldos son abonados por el Gobierno nipón", argumenta Iha.

"Es lógico que Estados Unidos no quiera abandonar Okinawa. No hay ningún Gobierno más complaciente con ellos que el japonés. No sólo va a pagar unos 4.500 millones de euros para trasladar a 8.000 marines a Guam según se acordó en 2006; dentro de Futenma ha ayudado a construir todo de tipo de comercios e infraestructuras para facilitar la calidad de vida de su personal", añade. Es raro ver a algún marine comprando algo en Ginowan; en la base una cerveza es seis veces más barata que fuera. Y ya ni siquiera van en busca de aparatos electrónicos porque ahora la base funciona con el voltaje estadounidense.

"Eso sí, en cuanto traspasas las vallas de seguridad, la ayuda del Gobierno japonés es casi nula. Los 500 millones de yenes anuales (casi cuatro millones de euros) que nos dan como subsidio es mucho menos de lo que obtendríamos si los terrenos nos fueran devueltos. Siguen considerando a la gente de Okinawa como ciudadanos de segunda", comenta Iha con respecto a un resentimiento que viene de lejos.