Aún quedan miles de criminales de guerra en los Balcanes y muchos no serán juzgados

No hay justicia posible para los crímenes contra la humanidad y los genocidios. Ningún tribunal, por poderoso que sea, puede impartir justicia en cada matanza, en cada asesinato, en cada violación. Siempre quedan espacios de impunidad.

El magistrado español José Ricardo de Prada, que fue juez en la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina, dependiente del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), sostiene que el juicio de los responsables de esos crímenes ayuda a la catarsis colectiva. Ver ante un juez a hombres poderosos que decidían la vida y la muerte con un chasquido de los dedos crea la sensación de que se ha hecho justicia.

De Prada, que se encuentra en Colombia en una misión de asesoramiento sobre el Derecho Penal Internacional, asegura que el proceso de Radovan Karadzic "representa un paso muy importante, imprescindible" en la búsqueda de esa justicia en Bosnia-Herzegovina. "La muerte de Slobodan Milosevic mientras era juzgado impidió que se pudiera establecer la verdad de todo lo ocurrido y que se perdiera la esperanza de conseguirlo. Ésta renace con el proceso a Karadzic", escribe el magistrado español en un correo electrónico enviado a EL PAÍS. "El tribunal tendrá además la oportunidad de pronunciarse sobre si lo ocurrido en Bosnia fue un genocidio sobre la población civil musulmana instigado desde los dirigentes de la República Sprska en colaboración con la vecina Serbia".

De Prada calcula que en Bosnia-Herzegovina viven unos 10.000 criminales de guerra. No serán juzgados, ni la mitad siquiera. Lo importante del TPIY es que proyecta sobre poblaciones civiles sin tradición democrática que la impunidad no existe.

Es una de las enseñanzas del caso Pinochet. El dictador no terminó en la cárcel, pero su detención en Londres le sacó de los libros de historia y abrió la puerta a la persecución de los militares chilenos implicados en la represión, y creó el clima legal para que en países como Argentina derogasen las leyes de punto final con las que los asesinos se habían protegido de la justicia.